El Inem desconoce en qué medida los servicios públicos de empleo han puesto en práctica las medidas del decretazo de reforma del paro, antes y después de su modificación, y admite su incapacidad para llevar a cabo algunas de las tareas que la nueva ley le ha encomendado. Así se desprende de la respuesta de la dirección general de este organismo a los sindicatos durante una reunión celebrada la semana pasada.

UGT reclamó al Inem información sobre los efectos de las nuevas normas establecidas por el decreto de reforma del desempleo durante los seis meses que ha estado en vigor, desde el 24 de mayo hasta que finalmente fue modificado en el Parlamento. La respuesta sobre la mayoría de las medidas "es el desconocimiento más absoluto --afirman dirigentes de la central--, principalmente por la falta interconexión entre las distintas comunidades autónomas".

En primer lugar, los sindicatos tratan de conocer cuántos trabajadores han rechazado ofertas de empleo y, por tanto, han perdido su prestación. El Inem ha respondido que su única información proviene de los volantes que cumplimentan los empresarios demandantes de trabajadores y que sólo dispone de datos concretos del 2001. Estima también que estas cantidades y porcentajes se han mantenido iguales durante la primera mitad del 2002.

El año pasado hubo 396.800 casos en los que la casación entre oferta y demanda de empleo no pudo realizarse. El 8% (33.655 ofertas) corresponde a trabajadores que no se presentaron a las entrevistas, rechazaron el puesto o dijeron que no les interesaba. No obstante, el Inem sólo detectó 512 situaciones merecedoras de sanción.

En el 14% de los casos, las características del trabajador no se ajustaban al empleo a cubrir, les faltaba formación, o experiencia, o capacidad física. También hubo empresarios que explicaron que el empleado no había podido adaptarse a la empresa. El 53% de las ofertas no se cubrieron, sin que conste el motivo, y en el 24% restante, el puesto ya estaba ocupado. "Esto demuestra la ineficacia del Inem, que ni siquiera sabe dónde envía a los trabajadores", asegura un representante de UGT.

El organismo reconoce que dispone de escasa información de las ofertas y demandas de trabajo existentes en el país, indispensables para llevar a cabo la intermediación. Por ejemplo, la nueva obligación de que el desempleado firme un compromiso de actividad sólo se aplica a quienes solicitan una prestación o un subsidio y no a los nuevos demandantes de empleo. Las oficinas del Inem admiten su incapacidad para poner en marcha los llamados itinerarios de empleabilidad, es decir, los procedimientos para poner a disposición del parado un trabajo adecuado, aseguró el sindicato. Una de las causas esgrimidas es la falta de personal.

El servicio público de empleo tampoco puede controlar las vacaciones no disfrutadas por el trabajador que, según el decreto, han de descontarse de la prestación. Asimismo es imposible detectar fraudes de las empresas por reiteración de contratos temporales.