La juez de vigilancia penitenciaria de Madrid, Reyes Gimeno, se ha negado a otorgar el tercer grado a Mario Conde hasta que no devuelva el dinero que se llevó de Banesto. El expresidente del banco ingresó en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco el pasado 29 de julio después de que el Tribunal Supremo le doblara la condena de 10 años que le impuso la Audiencia Nacional por el caso Banesto . La junta de tratamiento de la cárcel le clasificó en segundo grado por lo que no puede gozar de permisos carcelarios.
Conde recurrió esa decisión ante la juez. Alegó que debía disfrutar del tercer grado porque la Audiencia Nacional le refundió las condenas en el caso Banesto y en el caso Argentia Trust a 18 años de cárcel. Y argumentó que, cuando ingresó en prisión, estaba en libertad condicional tras haber cumplido las tres cuartas partes de la pena de cuatro años por el caso Argentia Trust .
Sin embargo, la juez ha aplicado al exbanquero otro tipo de criterios como le sugirió el fiscal de Madrid. La fiscalía se opuso a la excarcelación por entender que a Conde "no se le pueden aplicar los mismos parámetros" que a los delincuentes marginales por ser un preso de guante blanco.
El fiscal defiende que los delincuentes comunes pueden recuperar la libertad cuando tienen un buen comportamiento en la cárcel, arraigo familiar, posibilidades de reinserción social y expectativas de trabajo. Sin embargo, considera que los delincuentes de guante blanco reúnen esos requisitos cuando entran en prisión. Por ello, la fiscalía es partidaria de que tengan que hacer un "mínimo" gesto "para reparar el daño que han hecho". Y propone que devuelvan el dinero del que se han apropiado. Conde, según la sentencia judicial, se apropió de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) aunque la estafa total del caso Banesto ascendió a 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros).
La fiscalía también alegó que era prematuro conceder el tercer grado al exbanquero porque sólo lleva cuatro meses en prisión. La magistrada alega que la excarcelación del expresidente de Banesto causaría alarma social y sería desautorizada por la Audiencia Nacional.
