El pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer dos proposiciones no de ley presentadas por CHA e IU en las que se insta al Gobierno autonómico a que se dirija al Ejecutivo central para solicitar el cumplimiento de los compromisos alcanzados por este último y Telefónica en agosto del 2001 con los representantes de los trabajadores de Sintel. Asimismo, se instó a Madrid a cumplir el acuerdo relativo a la recolocación en empresas contratistas de Telefónica de aquellos trabajadores que no se acogieron a la prejubilación. Las iniciativas contaron con el voto a favor de los grupos parlamentarios del PSOE, PAR, CHA e IU y en contra del PP.
Jesús Lacasa (IU) y Chesús Yuste (CHA) recordaron que en agosto del 2001 los trabajadores de Sintel, tras medio año de protesta en el Paseo de La Castellana, desalojaron el campamento de La Esperanza tras haberse alcanzado un acuerdo. Ambos diputados repasaron cómo Sintel (filial de Telefónica) fue vendida a la familia Mas Canosa, que provocó su descapitalización y posterior cierre.
El acuerdo incluía que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) anticiparía el pago de las 11 nóminas atrasadas, que todos los trabajadores de Sintel tendrían la consideración legal de parados, la recolocación de entre 800 y 1.000 empleados en empresas proveedoras de Telefónica, y prejubilaciones para 500 de ellos. Actualmente, alrededor de 1.100 trabajadores de Sintel --12 aragoneses-- siguen en paro y a punto de dejar de cobrar el desempleo. Los trabajadores de Sintel denuncian que, en contra de lo anunciado por el Gobierno, en ningún momento existieron ofertas reales de empleo
Las dos iniciativas contaron con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, cuyo portavoz, Vicente Atarés, recordó que Sintel fue líder del sector hasta 1996 y que si fue "regalada" --como defienden los trabajadores--, fue antes de la llegada del Partido Popular al Gobierno. Atarés también defendió que el acuerdo intentó dar una solución a la crisis.
