El consejero de Economía y Desarrollo de la Diputación General de Aragón (DGA), Eduardo Bandrés, afirmó ayer que "el Gobierno no puede apoyar una iniciativa empresarial que no quieren los ciudadanos", en referencia a la preocupación de algunos colectivos de las cuencas mineras ante la proliferación de proyectos empresariales que pueden tener afecciones medioambientales. "Si cuando los ciudadanos de las comarcas que se puedan ver afectadas, los municipios y los sindicatos tengan toda la información entienden que no quieren esa empresa por las circunstancias que sea, el Gobierno no puede apoyar una iniciativa empresarial que no quieren los ciudadanos", aseguró.

Tal y como publicó este diario el pasado martes, los sindicatos CCOO, UGT, UAGA y la Fundación Ecología y Desarrollo han elaborado un manifiesto --suscrito por varios ayuntamientos-- en el que muestran su preocupación por "el modelo de desarrollo" que se puede generar en las cuencas mineras ante la proliferación de proyectos con posibles afecciones medioambientales. Los colectivos se refieren, entre otros, a una planta de tratamiento de residuos peligrosos en Alcorisa, un vertedero en Andorra o una empresa de valorización de neumáticos en Alloza.

El consejero recordó que el objetivo de llevar empresas a la provincia de Teruel es crear oportunidades de empleo, de crecimiento y de mejora de nivel de vida, pero añadió que "quien mejor puede juzgar si las hay son los propios ciudadanos". Tras incidir en el capacidad de decisión que tienen los ayuntamientos, Bandrés añadió: "Lo que no podemos hacer desde el Gobierno es incentivar con recursos públicos una empresa en un territorio donde no la quieran. Eso sería una contradicción".

El consejero hizo un llamamiento a la tranquilidad porque, aseguró, "no se hará nada de lo que se tenga información o que finalmente no se quiera". Además, recordó que para este tipo de proyectos se solicita primero una valoración al departamento de Medio Ambiente. Sin embargo, Bandrés insistió en que "tampoco hay que satanizar a todas las empresas que tienen algo que ver con el tratamiento de residuos".

Por su parte, el diputado de IU, Adolfo Barrena, ha presentado una pregunta parlamentaria a los consejeros de Medio Ambiente, Alfredo Boné, e Industria, Arturo Aliaga, sobre el proyecto de Alloza.