Los viticultores aragoneses han recibido con buenos ojos la nueva Ley del Vino y la Viña, aunque consideran algunos aspectos negativos para el sector y para el consumidor. La normativa, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, sustituye a la obsoleta ley de 1970 y regula un sector que en Aragón mueve más de 108 millones de euros (18.000 millones de pesetas). Aunque la ley es básica, deja en manos de las autonomías decisiones importantes que se deberán estudiar con el sector.

Según la nueva ley, los consejos reguladores de las denominaciones de origen (CRDO) dejarán de desempeñar funciones de certificación y control de calidad y el origen de los vinos y sólo podrán realizar labores de gestión --promoción, investigación o desarrollo de mercados, entre otros--. Esta decisión ya provocó un fuerte rechazo entre los profesionales cuando se elaboró un borrador en el 2001 porque se les retiraba uno de sus principales cometidos. Sin embargo, la norma aprobada da libertad a las comunidades autónomas para decidir qué organismo realizará el control.

Aunque hay varias opciones, tanto el Gobierno de Aragón --que ostenta las competencias en vino-- como los cuatro presidentes de CRDO aragoneses (Somontano, Borja, Calatayud y Cariñena) están de acuerdo en que la salida más adecuada es crear una empresa pública que controle a todas las zonas con el fin de unificar criterios. El presidente del Somontano, Mariano Beroz, pide además que esté integrado por el personal de control de cada consejo.

La ley cumple también con una de las demandas de los CRDO al convertirlos en órganos con personalidad jurídica propia --ahora son entes descentralizados de la Administración-- Esta figura "da más libertad, ya que podremos hacer más cosas, como asociarnos para la promoción", explica Pedro Aibar, de Borja.

Los responsables vitícolas rechazan la inclusión en la pirámide de categorías los Vinos de calidad con indicación geográfica . Consideran que es similar a la denominación de origen y "puede confundir al consumidor". También coinciden en que se trata de una norma liberalizadora, apoyada por las grandes empresas. De hecho, una misma parcela podrá aportar uvas para vinos de distinto nivel, aunque Aragón también decidirá sobre esta cuestión. El director general de Comercialización Agraria de la DGA, Clemente Garcés, ve la norma "aceptable" porque "está abierta a las autonomías y podemos regular algunos aspectos".