Cuando Telefónica presentó el expediente ante la opinión pública, insistió en que no tendría coste alguno para el Estado, y que la compañía pagaría 3.500 millones de euros. En parte, es cierto, ya que el expediente no es gravoso para la Seguridad Social ni para el empleado, porque la compañía se hace cargo de las cotizaciones de los trabajadores desde los 52 años hasta el momento de su verdadera jubilación anticipada a los 61 años. Sin embargo, el salario que cobra el prejubilado no lo paga entero Telefónica. Durante los dos primeros años, el Ministerio de Trabajo aporta la prestación por desempleo y la empresa el resto. Finalizado el paro, el Inem también otorga la prestación asistencial hasta el momento de la jubilación real.
E Además, para los empleados de 61 a los 65 años, Telefónica sólo aportará el 35% del salario y dejará de pagar las cuotas al Seguro por lo que el trabajador tendrá que jubilarse anticipadamente. En estos casos, el Seguro dejará de percibir las cotizaciones de estos trabajadores durante cinco años. Por otro lado, el empleado será penalizado por el Seguro con un porcentaje de entre el 5% y el 7% anual, lo que le comportará en el futuro que recibirá hasta un 28% menos de pensión que si se hubiese jubilado cuando le tocaba.
