EEl presidente de Andalucía, Manuel Chaves, plantó cara ayer al Gobierno central y aprobó tres decretos que otorgan ayudas complementarias a 285.000 familias andaluzas perceptoras de pensiones no contributivas, asistenciales y de viudedad.

El Gobierno socialista andaluz tomó la decisión con carácter de urgencia para adelantarse dos días a la publicación oficial de la reforma de la ley general de la Seguridad Social que el PP y Coalición Canaria aprobaron el pasado jueves en el Congreso. La nueva norma, rechazada por el resto del arco parlamentario, impide que las autonomías puedan mejorar las prestaciones más bajas, como habían hecho algunas.

Chaves inició esta batalla en 1998 y fue seguido por Cataluña, Navarra, Baleares y Alava. Los pensionistas no contributivos andaluces percibirán ahora una ayuda única de 75,26 euros (12.522 pesetas), los asistenciales se verán beneficiados con 585 euros (97.335,8 pesetas) y las viudas con complemento a mínimos cobrarán 112 euros (18.635 pesetas). Las medidas costarán 42,1 millones (7.000 millones de pesetas).

AVAL CONSTITUCIONAL El consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez, explicó que "el Gobierno sería "el hazmerreír" si vuelve a presentar un recurso porque estos complementos no rompen la caja única del Seguro, están avalados por el Estatuto de Autonomía y por las sentencias del Constitucional.

Precisamente ayer, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, anunció que el Gobierno recurrirá ante el Constitucional, como hizo sin éxito en 1999. Zaplana considera la decisión de la Junta como una respuesta, "movida por la impotencia", a la reciente subida de pensiones del Gobierno. El ministro descartó intenciones electoralistas del Ejecutivo mientras que, al igual que el líder del PP, Mariano Rajoy, acusó a Chaves de subir pensiones en medio de "procesos electorales".

El presidente de la Junta denunció que el Ejecutivo no acata las sentencias del Constitucional ni las competencias autonómicas y calificó de "cínicas" las llamadas de Zaplana a la igualdad de las pensiones cuando en Andalucía están por debajo de la media nacional.

La Generalitat aseguró que mantendrá las ayudas en la comunidad. El Gobierno vasco y los partidos de izquierda de Euskadi también se han opuesto a la ley, lo mismo que miembros del Ejecutivo cántabro y el presidente de Navarra a pesar del apoyo al PP.