Josep Montilla, nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, ha propuesto a Francisco Ros, reputado profesional de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, y un clásico de Telefónica , donde ocupo altos cargos, que acepte el puesto de secretario de Estado de Telecomunicaciones. Ros podría contestar hoy.
El flamante ministro de Industria, político serio y discreto hasta el final, ha llevado a cabo la formación de su equipo con calma y sorpresa --según fuentes solventes-- por la facilidad con que se han dado nombres para su departamento. El pasado fin de semana, Montilla mostró su distanciamiento hacía ciertos sectores económicos del PSOE de Madrid, empeñados en ofrecer colaboradores para su cartera, en donde estará integrado ahora el antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El nombre de Maurici Lucena Betriu apareció incluso en la prensa para ocupar el puesto de secretario general de la Energía. Si bien Montilla cuenta con Lucena --miembro del despacho de Solchaga, Recio & Asociados--, no es probable que ocupe la secretaría de Energía. Lucena pertenece al grupo de economistas vinculado a Miguel Sebastián, secretario de Estudios de La Moncloa y al exministro Carlos Solchaga. Después de ganar las elecciones, Sebastián le avisó de que iría a Industria.
En el caso de Ros, ha sido el propio Montilla quién habló con él. El empresario de telecomunicaciones fue director general de Telefónica y de Telefónica Internacional durante varios años, además de presidente y consejero delegado de Unisource y uno de los mejores teóricos --con varias obras publicadas-- sobre las nuevas tecnologías. Si acepta el cargo, tendrá se enfrentará a varios retos.
El primero, decidir si ratifica el acuerdo que el pasado 4 de marzo firmaron las cuatro operadoras españolas --Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera-- para implantar la telefonía móvil de tercera generación (UMTS), que permitirá la transmisión de imágenes y el acceso rápido a internet. De acuerdo con este pacto, las operadoras se comprometían a comercializar este servicio en las grandes ciudades en el segundo semestre de este año. Además, deberían invertir 6.300 millones de euros en 10 años para instalar el sistema. El nuevo Gobierno debe decidir si ratifica este acuerdo en idénticos términos. La instalación de antenas cuenta con la oposición de decenas de ayuntamientos socialistas.
El nombramiento de Ros, conocido por todos los ejecutivos de Telefónica hasta la llegada a la presidencia de César Alierta, lleva a primer plano también la regulación de tarifas telefónicas. En su día, los socialistas aseguraron que este sistema iba a desaparecer, ya que incide directamente en el IPC.
Ayer, el nuevo ministro de Industria explicó su intención de que el Mercado ibérico de electricidad (Mibel), se ponga en marcha lo antes posible.
