La Comisión Europea dio ayer un balón de oxígeno al Gobierno español al asegurar ayer que "no tiene intención de poner en peligro los astilleros navales" españoles a la vez que prometió al Gobierno "margen suficiente" para que se devuelvan las ayudas públicas ilegales concedidas sin provocar el hundimiento de Izar.
El Ejecutivo comunitario se abstuvo de comentar las promesas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de salvar el grupo Izar a toda costa y se limitó a señalar que no hay ninguna indicación que haga pensar que el Gobierno planea conceder nuevas ayudas públicas al astillero.
"El empleo y la supervivencia de la empresa jugarán un papel importante" en las negociaciones de la Comisión Europea con el Gobierno para la devolución de esa ayuda ilegal, dijo el portavoz del comisario de Competencia, Mario Monti.
DEVOLVER 308,3 MILLONES El Ejecutivo comunitario dictaminó el 12 de mayo que Izar recibió unas ayudas públicas ilegales de la SEPI en el periodo 1999-2000 y que debía devolver 308,3 millones de euros.
La Comisión Europea y el Gobierno negocian "el calendario y las modalidades" de la devolución de esa ayuda y el portavoz de Monti aseguró que concederá a las autoridades españolas el "margen suficiente" para que ese proceso no ponga en peligro la supervivencia de la empresa. "Los 300 millones no son una cifra monstruosa" si se compara con la financiación total recibida por el astillero, añadió el citado portavoz.
El Ejecutivo comunitario, no obstante, insistió en que la normativa europea sobre ayudas públicas se aplica "para mantener una cierta competencia". La devolución, precisó el portavoz de Monti, es necesaria para neutralizar la ventaja competitiva de los astilleros españoles respecto a sus competidores europeos, que se quejaron de las mismas.
El compromiso de Rodríguez Zapatero de "salvar" los astilleros públicos fue puesto en duda por la vicelendakari del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, quien recordó que fue genérico y realizado en un acto de "propaganda electoral". También la consejera de Industria, Ana Aguirre, afirmó su escepticismo tras una reunión de más de dos horas con el presidente de la SEPI. La cita no despejó los interrogantes abiertos ya que, según Aguirre, el plan expuesto por Enrique Martínez Robles es el mismo que trasladó el miércoles a los sindicatos: segregar los astilleros civiles y militares.
Entre la información que se facilitó al Gobierno vasco no hubo referencias, según Aguirre, a la entrada de capital privado en los astilleros. Zenarruzabeitia advirtió de que el Gobierno vasco "acompañará" al Ejecutivo socialista si se garantiza el futuro de La Naval, de Sestao. "Daremos ayuda para un proyecto viable, no para una muerte dulce", dijo.
