Sin acuerdo. Las negociaciones entre el comité de empresa de Primayor y la dirección concluyeron ayer de la misma manera que comenzaron. Los abogados de la compañía cárnica dieron por cerrado el periodo de consultas de un mes de manera "unilateral" mientras los representantes de la plantilla veían sus ilusiones frustradas, sesión tras sesión, después de no tener acceso a la documentación económica de la firma y, en consecuencia, no poder justificar que el expediente de regulación de empleo (ERE), presentado por Primayor el pasado 31 de julio, es improcedente. Esta medida afecta al puesto de trabajo de 144 trabajadores en la planta de Zaragoza --implica su cierre total-- y otros 12 en la de Calamocha. El siguiente paso en el proceso es esperar a que Trabajo tome una decisión al respecto en un plazo de 15 días.

La empresa ha trasladado tres propuestas distintas a los trabajadores. La primera --y que menos gusta a la plantilla-- supone cumplir con el mínimo que marca la ley, es decir, una indemnización de 20 días por cada año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. El comité de empresa ha estimado que el despido de todos los empleados de la planta de Zaragoza, 144, supondría un coste para los dueños "menor a los dos millones de pesetas". La segunda salida ofrecida es encontrar un comprador, sin especificar el precio de venta, con la condición de rebajar el coste si el nuevo propietario se compromete a mantener a la plantilla íntegramente. Como tercera opción aparece el alquiler o explotación de la planta y la posterior contratación de 45 de los trabajadores previamente despedidos.

El presidente del comité de empresa, José Aranda, mostró su indignación, rabia e impotencia por el hecho de que los responsables de la compañía no hayan facilitado las cuentas para que los economistas pudieran estudiar el caso y según él, la actitud de los representantes de la compañía fue, "una vez más", de "prepotencia".

Los trabajadores de la empresa, dedicada a la elaboración de productos cárnicos, tienen previsto manifestarse hoy en Segovia, sede de Proinserga --marca propietaria de Primayor-- y viajar después a Madrid para protestar delante de la vivienda de uno de los responsables de la compañía. Además, un grupo de empleados ocupan el campamento instalado desde el pasado miércoles en el paseo de la Constitución, frente a Comisiones Obreras, de forma permanente e indefinida hasta que la situación se solucione.