Las instituciones europeas están investigando la polémica orden de la DGA que ha conllevado el cierre de decenas de mataderos rurales en Aragón este verano sin aplicar la moratoria comunitaria que les permitía seguir operando tres años y medio más, hasta finales del 2009. El expediente, que puede terminar en una sanción, busca esclarecer si el Gobierno aragonés ha infringido las normas comunitarias con esta decisión.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la denuncia presentada a finales de marzo por Chunta Aragonesista (CHA) y ha puesto en marcha su maquinaria de forma celérica, sin marear la perdiz. Así, tras iniciar el examen de la denuncia, "ha decidido a tal efecto solicitar a la Comisión Europea que inicie una investigación sobre los diferentes aspectos del problema", señala la resolución de admisión a trámite. Este paso suele postergarse, por lo común, por periodos de hasta unos meses tras la recepción de la queja.
El Departamento de Salud y Consumo de la DGA retiró en dos fases, entre el 20 de febrero y la última semana de junio, el servicio de inspección de canales de más de 90 de los 124 mataderos de pequeña capacidad que funcionaban en la comunidad, sobre los que fue decretado el cierre cautelar. En la práctica, quedaban fuera de servicio al no chequear su producción los veterinarios oficiales. La causa es que no se han adaptado, en 42 meses menos de los que han tenido sus homólogos del resto de europa, a una normativa que les exige mantener a tres operarios en plantilla y habilitar una línea de producción para el ovino, otra para el bovino y una más para el porcino. Les resultó inasumible. Unos 30 --la mayoría con cierres temporales-- lo intentarán.
Como consecuencia de esta medida, más de 400 carnicerías deberán dejar de utilizar los mataderos en los que hasta ahora sacrificaban a sus animales. En muchos casos, su viabilidad queda en la cuerda floja, al no poder soportar con los ingresos de la venta en pequeñas poblaciones los gastos de transporte --debe hacerse en un vehículo adaptado-- que les supone la nueva situación. En el caso de Ansó, deben desplazarse hasta Sabiñánigo, a 70 kilómetros.
Un informe del Consejo Económico y Social Europeo consideraba hace ya un año "ampliamente justificado el temor" de que al aplicar el reglamento comunitario sobre higiene en productos alimenticios algunas administraciones "intenten imponer una interpretación claramente más restrictiva y más desfavorable para las pequeñas empresas que la prevista por la Comunidad". Y el comisario europeo de Sanidad y Protección de los Consumidores anotó en una respuesta parlamentaria que el acondicionamiento de los mataderos "debe estar finalizado el 31 de diciembre del 2009 a más tardar".
