El nuevo Estatuto del Trabajador Autónomo, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, entrará en vigor a mediados del 2007, alrededor del mes de julio. Con el mismo, será efectivo el amplio catálogo de derechos sociales que ganarán más de tres millones de trabajadores, un colectivo que, a menudo, "camina en solitario", en expresión de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, destacó que esta norma "histórica" era esperada desde hace 26 años.

La regulación recoge derechos hasta ahora inexistentes, como las prestaciones por maternidad, paternidad o riesgo durante el embarazo. En paralelo, se articulará un nuevo sistema de cotizaciones. El proyecto, ratificado por las asociaciones mayoritarias del sector (ATA y UPTA), se remitirá al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo de Estado, antes de volver al Consejo de Ministros y de ser enviado al Parlamento, para su tramitación. Es un largo camino, pero Gobierno y asociaciones esperan que pueda entrar en vigor a medidos del año que viene.

El Ejecutivo también aprobó ayer un anteproyecto de ley para integrar a los agricultores por cuenta propia en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. La medida, acordada con las organizaciones Asaja, Coag y UPA, permitirá a 260.000 agricultores mejorar su pensión en un 50% y una mayor flexibilidad a la hora de contratar trabajadores.

CATÁLOGO DE MEJORAS Una de las novedades más importantes del estatuto del autónomo es que regula el régimen profesional del llamado autónomo dependiente, cuyos ingresos dependen en al menos un 75% de un único cliente. Estos trabajadores tendrán una protección específica, de forma que disfrutarán de 15 días de vacaciones al año y de una indemnización si su contrato es rescindido de forma injustificada.

El Gobierno se compromete a poner en marcha un sistema específico de protección por desempleo para todos los autónomos. Será un sistema financiado por los propios autónomos, obligatorio, universal y con un tipo de cotización específico.

Se pretende extender a todos los autónomos la protección social por incapacidad temporal y se establece una cobertura por accidente de trabajo o enfermedad profesional para los que son dependientes. La jubilación anticipada será posible para autónomos que desarrollen actividades tóxicas o peligrosas.

En el caso de subcontratas, será el empresario principal quien asuma las deudas cuando se dejen de pagar cantidades a un autónomo.