El envejecimiento de la población amenaza con conducir a España a la bancarrota en el 2050 ante el insostenible coste para las finanzas públicas de las pensiones públicas y los gastos de sanidad, según un informe presentado ayer por la Comisión Europea para alertar a todos los países de la Unión Europea (UE) de la catástrofe económica y social que se avecina ante la falta de natalidad.

Los gastos públicos asociados al envejecimiento de la población (pensiones, sanidad y cuidados de larga duración) pasarán de representar el 20,1% del producto interior bruto (PIB) español en el 2004 a aumentar hasta representar el 28,6% del PIB en el 2050, lo que supone un incremento insostenible de 8,5 puntos del PIB, precisa el citado informe.

MUY POR ENCIMA DE LA MEDIA El incremento del coste de los gastos asociados al envejecimiento de la población en España es mucho más del doble de la media de la UE (3,4 puntos del PIB). Los únicos países que tendrán un mayor incremento de los costes que España son: Chipre (11,8 puntos), Portugal (10,1 puntos) y Eslovenia (9,7 puntos), según recogen las estimaciones de la Comisión Europea.

España, gracias a la actual situación saneada de sus finanzas públicas y del porcentaje decreciente de su deuda pública, ha sido catalogada en el grupo de países de "riesgo medio" por el Ejecutivo comunitario.

No obstante, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, recordó que España es uno de los países que sufrirá un mayor impacto negativo en las cuentas públicas como consecuencia del envejecimiento de la población, si no se introducen reformas económicas y laborales significativas.

UN PAÍS DE VIEJOS España, por ejemplo, será en el 2050 el país de la UE con mayor porcentaje de personas de 65 años o más, el 37% del total y siete puntos por encima de la media europea. En esa fecha, no habrá ni siquiera dos personas en edad de trabajar en España para poder costear la pensión de cada jubilado, cuando actualmente existen cuatro.

Almunia, resaltó que España no puede confiar en que la llegada de inmigrantes sea "la solución definitiva" a sus problemas, porque lo único que hace es "posponer el momento en el que el envejecimiento de la población plantea serias presiones sobre las cuentas públicas y sobre los sistemas de protección social". Almunia destacó que, si no cambian las tendencias demográficas, el problema se planteará cuando los inmigrantes se marchan o jubilen y recordó que las segundas generaciones de inmigrantes adoptan las pautas demográficas europeas y tienen menos hijos.

A causa del crecimiento de los costes asociados al envejecimiento de la población, el volumen de deuda pública en España comenzará a crecer de forma progresiva a partir del 2020 y podría equivaler al 197,5% del PIB en el 2050, lo que sería insostenible, según las proyecciones del Ejecutivo comunitario. La aplicación de una política presupuestaria rigurosa y un programa de reformas económicas y laborales permitirían contener la explosión de la deuda pública al 72,3% del PIB en el 2050, según los cálculos de la Comisión Europea.

Por ello, el Ejecutivo comunitario recomienda a España insistir en la reforma del sistema público de pensiones para incrementar los periodos de cotización y retrasar la edad de jubilación. Asimismo, plantea reformar los sistemas de sanidad para asegurar su viabilidad futura, aumentar la productividad e incrementar los niveles de empleo, en especial entre la población joven, las mujeres y los trabajadores mayores.