Delphi Packard España ha dado un plazo máximo de 10 días para que los trabajadores de la planta de Tarazona decidan si se acogen o no al expediente de regulación de empleo (ERE), anunciado por la multinacional el pasado viernes, y que afectará a más de 300 trabajadores (250 de ellos fijos) como consecuencia del traslado de parte de la actividad de la factoría a Portugal. Ayer, la plantilla recibió la notificación en sus casas, en la que se precisa que tienen hasta el 10 de noviembre para tomar una decisión, según apuntaron fuentes del comité de empresa. Está previsto que la multinacional presente el expediente a mediados del próximo mes.

De momento, los representantes de los trabajadores mantuvieron ayer un encuentro con la alcaldesa de Tarazona, Ana Cristina Vera, y con el consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, en la que éste garantizó que Tarazona se ha convertido en un "destino preferente" para la localización de empresas. Un anuncio que fue bien recibido por el comité y por la propia alcaldesa que ha pedido al gobierno autonómico que dé "prioridad absoluta" al municipio para paliar la pérdida de empleo.

Al respecto, Aliaga --que por la mañana habló con la dirección de la firma en París-- reconoció que existen "negociaciones" con alguna compañía, pero "hasta que no firme no anunciaré nada para no crear falsas expectativas". El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y el propio presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, habían anunciado el fin de semana la llegada de alguna empresa. Algo en lo que Aliaga se mostró más cauto.

La empresa también mantuvo ayer encuentros con los distintos colectivos de la planta turiasonense para explicarles la nueva situación y anunciar que Tarazona centralizará el cableado de recambios de Europa.

ACUERDO "INCUMPLIDO Sin embargo, el presidente del comité de empresa, Javier Alegría, manifestó el "malestar" y la "inquietud" que existe en la planta y añadió que "sospechaban" la medida adoptada por Delphi, pero no esperaban que fuera "tan brusca".

Asimismo, el comité mostró, a través de un comunicado, su "absoluta repulsa a todo lo que suponga la pérdida de empleo fijo y destrucción del tejido industrial". Además, denunció el "incumplimiento" por parte de la empresa del plan industrial, firmado en agosto, en el que se garantizaba la carga de trabajo para todo el personal fijo.

Alegría señaló que, a estas alturas, "desconocemos cuánta gente puede acogerse a las bajas voluntarias" por las que la empresa ofrece una indemnización de 85 días por año trabajado, si los empleados se acogen a ella en los próximos días y de 45 días por año, a partir del 2007. "Esperamos que sean los menos posibles", añadió.

El comité de empresa, añade en el comunicado, que no entiende el traspaso de la carga de trabajo a la planta de Portugal por temas económicos, ya que "la deslocalización de la planta de Tarazona supone desembolsar alrededor de 20 millones de euros".