El elevadísimo déficit de las cuentas públicas provocado por la recesión y las medidas anticrisis (11,4% del PIB) ha llevado a la Agencia Tributaria a fijar un objetivo para la lucha contra el fraude de este año "desmedido y fuera de la realidad". Eso es lo que denuncia el colectivo de inspectores de Hacienda, que se sienten sometidos a una presión "ya no excesiva, sino irracional".

Hacienda fija desde hace años un objetivo de actuaciones de inspección que se adjudica a las delegaciones territoriales y luego se distribuye entre los equipos de inspección. De su cumplimiento depende la retribución variable de los inspectores, que supone de media el 20% de sus emolumentos anuales. Para este año, afirma la organización profesional que los agrupa, se ha marcado un objetivo el 14% superior al fijado el pasado ejercicio para mantener la históricamente alta cifra de recaudación del 2009 que, según sus cálculos, superó los 4.000 millones por liquidación de actas levantadas a contribuyentes.

Fuentes de la Agencia Tributaria puntualizaron que el objetivo de actuaciones es el 1,5% menor a las finalmente realizadas durante el pasado ejercicio y que no se ha marcado ninguna cifra objetivo de recaudación. El incremento, argumentaron, no es "en absoluto" mucho mayor al de los últimos ejercicios. El malestar de los inspectores, a su juicio, se debe a que por primera vez, si no cumplen unos requisitos mínimos de calidad, van a ver penalizada su retribución variable, hasta incluso pueden perderla.

CARGA BUROCRÁTICA El colectivo, en cambio, entiende que los nuevos requisitos y objetivos les conducen a una forma "precipitada y sin profundidad" de trabajar. "Si cito a diez contribuyentes, tengo que sacar deuda a nueve para cumplir los objetivos", alegó Francisco de la Torre, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores.

Los inspectores, aseguró, no van a actuar contra quien cumple, pero hay "temas grises" en los que se podrían tomar "decisiones más agresivas", lo que podría incrementar la inseguridad jurídica de los contribuyentes. También apuntó que es seguramente la Justicia la que echará para atrás más actuaciones. "Lo más probable es que lo hagamos todo peor: que la deuda no esté bien investigada, no esté bien comprobada ni bien atada, y que se caiga en los tribunales".

Los nuevos requisitos y pasos impuestos en las actuaciones, argumentaron los inspectores, limitan su iniciativa y les quitan tiempo para investigar. También denunciaron que las aplicaciones informáticas que tienen que usar no funcionan adecuadamente.

Hacienda argumenta que el único objetivo de estas medidas es ahorrar tiempo y elevar la presión sobre los defraudadores.