El vaso de la paciencia está casi lleno y a punto de rebosar. El consejero de Economía, Alberto Larraz, dio ayer un tirón de orejas a la dirección y a los sindicatos de General Motors (GM) España, a los que citó en la sede del departamento de Economía de la DGA. Una reunión --a la que también acudió el presidente de GM España, Romek Ritwinsky-- y en la que Larraz y el consejero de Industria, Arturo Aliaga, trataron de reconducir la negociación, tras la tensa reunión mantenida por ambas partes esta semana. Sobre la mesa está el plan de ajuste, que incluye dos expedientes y la salida de 900 empleados con garantía de retorno y, principalmente, el convenio colectivo.

Pero además, también aprovecharon para hacer un llamamiento a la responsabilidad a las dos partes, al tiempo que les instaron a alcanzar un acuerdo lo antes posible. No en vano, si no hay acuerdo, no hay posibilidad de negociación entre el Gobierno aragonés y la compañía para cerrar unas ayudas (aval de 200 millones de euros) destinadas al lanzamiento del nuevo Meriva, en abril de este año. Además, la DGA tiene que tomar decisiones sobre los expedientes que, según recordó Larraz, terminan teniendo un coste para todos los ciudadanos.

Por tanto, Aliaga y Larraz mostraron ayer su "desagrado y enfado", porque "las cosas no van como deberían ir", ya que "nos parece que deben hacer un esfuerzo de permeabilidad tanto la empresa como los sindicatos, para llegar a acuerdos". Fue un encuentro "duro", en palabras de Larraz, porque las posturas parecen estar bastante distantes. Mientras la empresa reclama una congelación salarial de cinco años, los sindicatos piden incrementos salariales que oscilan entre el 1 y el 1,5% en el próximo trienio.

El caso es que Larraz afirmó ayer que los gobiernos de España y de Aragón, que están en permanente contacto, están "molestos" con esta prolongación de las negociaciones. "Queremos que en lugar de que la noticia sea que estamos negociando los empresarios, los sindicatos y las instituciones, que sea que el Meriva ya va en marcha y que también avanzamos en el nuevo Corsa", informó Efe. Aliaga se pronunció en esta misma línea al afirmar que "hay que sentarse de una vez y no levantarse hasta que se alcance un acuerdo", como se hizo con Magna.

DEPENDENCIA DE EUROPA El problema es que los sindicatos quieren que se cierre el plan de saneamiento (265 millones de ahorro al año en toda Europa) para aplicarlo al convenio. Es decir, no están dispuestos a reducciones salariales "drásticas" a priori. E insisten que, en todo caso, cuando el plan global se cierre ya se trasladará ese ahorro a Figueruelas.

El presidente del comité, José Juan Arceiz, dijo no tener ningún problema en negociar lo que sea necesario, pero con la premisa de que el reparto de la reestructuración y del convenio sea "justo".