Los países de la zona euro que sean laxos en el control del gasto público y muestren desidia en la corrección de su déficit público excesivo deberán afrontar sanciones financieras casi automáticas, acordaron ayer los ministros de Economía y Finanzas europeos tras largas horas de negociación.

Los ministros pactaron los ejes fundamentales de la reforma del pacto de estabilidad en la línea de lo exigido por Berlín para evitar nuevas crisis como la griega. El acuerdo respeta los planteamientos de España, aseguró la vicepresidenta económica, Elena Salgado. La reforma establece que el Consejo de Ministros de la UE "podrá aprobar" sanciones preventivas bajo la forma de un depósito que devenga intereses cuando los presupuestos de un país se alejen de forma "particularmente significativa" de la línea de rigor y haga caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Europea y de sus socios.

Cuando un país esté en una situación de déficit excesivo por encima del 3% del producto interior bruto (PIB) y no adopte las medidas correctoras necesarias, deberá efectuar un depósito sin intereses equivalente al 0,2% del PIB. Ese depósito se convertirá en multa y en pérdida definitiva de esos fondos si persiste en hacer caso omiso de las recomendaciones. La Comisión Europea logró su objetivo de que ese tipo de sanciones correctivas tengan un carácter casi automático y solo puedan ser rechazadas por una mayoría cualificada del Consejo de Ministros de la UE, a la inversa de lo que ocurre ahora.

MARGEN ADICIONAL Francia, España y los otros países, que exigían un mayor control político sobre esas decisiones, consiguieron poder retrasar por seis meses el desencadenamiento de ese procedimiento sancionador semiautomático para dar una última oportunidad de corrección al país infractor. Ese retraso podrá concederse con una mayoría simple del Consejo de Ministros de la UE.

Respecto a la corrección de los desequilibrios económicos internos (pérdida de competitividad, déficit exterior, burbujas inmobiliarias), los ministros acordaron que el país será sometido a una creciente supervisión por parte de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). En casos graves, si el país afectado no hace caso a las recomendaciones, los líderes de la UE podrán aprobar sancionarlo.

Sin embargo, las medidas disciplinarias por no corregir la deuda pública a un ritmo satisfactorio cuando supera el 60% del PIB quedaron diluidas, como quería Italia, según fuentes diplomáticas.