Los precedentes señalan que en el año 2000 la Audiencia Nacional dio finalmente la razón a los sindicatos de la Función Pública que recurrieron la congelación salarial decidida por el Gobierno de José María Aznar en el año 1996. En aquella ocasión la Audiencia Nacional declaró el derecho de los funcionarios a tener subida salarial.

Unos años después, en el 2002, el Tribunal Supremo respaldó al Gobierno que se ahorró el pago a los funcionarios públicos de una cantidad próxima a los 3.000 millones de euros.