El Congreso ha dado vía libre a la ley de estabilidad presupuestaria que incluye un mecanismo para intervenir a las Comunidades Autónomas que incumplan el objetivo de déficit con el apoyo del PP, CiU y UPD, la abstención del PNV y el voto en contra del PSOE, pese a que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el promotor de la reforma de la Constitución que ha dado origen a dicha norma.
La negociación entre el Gobierno y el principal grupo de la oposición ha durado hasta el último minuto, pero el acuerdo no ha sido posible porque, según los socialistas, dado el Ejecutivo "ha roto el pacto constitucional" al querer ser "más papista que el papa" y obligar a todas las administraciones a tener en el 2020 un déficit estructural del 0% en lugar del 0,4% consensuado entre el PSOE y los conservadores el pasado verano cuando se efectuó el cambio constitucional.
Críticas del PSOE
El diputado socialista Pedro Saura ha acusado al PP de practicar el "partidismo" al considerar que "el enemigo" a batir es el PSOE y no la crisis económica. El grupo capitaneado por Alfredo Pérez Rubalcaba califica de "grave error" la actitud del Gobierno y el PP, bajo el convencimiento de que el mensaje de credibilidad que esta ley intenta mandar a los mercados y los agentes internacionales queda muy debilitado al no contar con el apoyo del partido político que puede gobiernar España en el 2020.
Sin embargo, el PP rechaza que haya roto el pacto estival y desde la tribuna, la diputada Ana Madrazo, ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad" del PSOE y ha recordado que el Gobierno y su grupo han intentado dialogar con la oposición hasta el último minuto. De hecho, después de una reunión infructuosa por la mañana, el pleno vespertino se ha interrumpido y durante en torno a media hora la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, se han reunido con la portavoz del grupo socialista, Soraya Rodríguez, quien al término del encuentro ha comunicado el voto en contra de su grupo porque el Gobierno no ha variado ni un ápice su posición.
La posición de CiU
CiU, por su parte, ha votado a favor de la norma porque el Ejecutivo sí que ha incorporado al texto una de sus enmiendas que, según el diputado Josep Lluis Sánchez Llibre, va a suponer que las las administraciones territoriales que "tengan en el futuro crecimiento económico puedan dedicar una parte importante de los recursos a realizar políticas que fomenten el crecimiento económico y la creación de empleo".
Sánchez Llibre también ha manifestado que el acuerdo ha sido fruto de "horas de negociación" entre la vicepresidenta, el ministro de Hacienda y el jefe del grupo parlamentario, Josep Antoni Duran Lleida.
La enmienda convergente
La enmieda convergente permitirá a las Comunidades que cumplan con el objetivo de déficit en el 2020 que tengan un plazo de amortización de la deuda más amplio, de hasta 20 años, como la UE ha permitido a países con grandes endeudamientos como Italia. "La enmienda permite a todas las administraciones que hayan hecho los deberes, cumplan con el déficit e incumplan el límite de endeudamiento, que se flexibilice el plazo de amortización".
El PNV, en cambio, ha optado por la abstención. El texto también incorpora una de sus enmiendas, que refleja la especificidad foral del País Vasco y Navarra. Sin embargo, los nacionalistas vascos no han apoyado la norma, según el diputado Joseba Beloki, porque se oposieron a la modificación del artículo 135 de la Constitución y no están de acuerdo "con el contenido económico de la ley, puesto que va más allá de lo que pide la UE".
