Los caídos de la banca

De CCM a Bankia un reguero de directivos han marchado por la puerta de atrás

OLGA GRAU

La renuncia de ayer de José Luis Olivas como vicepresidente de Bancaja ejemplifica a la perfección el declive del poder político valenciano en las finanzas. Básicamente, porque ya no hay finanzas valencianas: la mala gestión y los excesos del ladrillo han barrido del mapa a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a Bancaja y a su participada Banco de Valencia. Las tres entidades han sido nacionalizadas para evitar su quiebra, mientras los políticos que estaban al frente de su gestión siguen eludiendo su responsabilidad, aunque con un pie en los juzgados.

Olivas, que fue presidente de la Generalitat valenciana, fue encumbrado en Bancaja por Eduardo Zaplana, como si fuera lo más normal del mundo que un político presidiera una caja de ahorros. Imputado por el agujero de Banco de Valencia, Olivas se ha resistido hasta al final, como también lo hizo Rodrigo Rato en Bankia (entidad resultante de la fusión del negocio financiero de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades más) y como también se resistió Miguel Blesa en Caja Madrid.

Olivas ha sido sustituido por Antonio Tirado, quien fue alcalde de Castellón y accedió a Bancaja también en representación del Partido Popular. Tirado ha sido demandado por su implicación en el agujero del Banco de Valencia. Entre los caídos de la banca figuran las cúpulas directivas de la CAM (Maria Dolores Amorós y Modesto Crespo), de las gallegas (José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán) y de Caixa Penedès (Ricard Pagès y Manuel Troyano). Todos marcharon con pensiones e indemnizaciones millonarias.

Mala gestión

En el lento proceso de deterioro de las finanzas españolas, que dura hace cinco años, los directivos de la Caja Castilla la Mancha (CCM) fueron los primeros en saltar a la palestra al tratarse de la primera caja intervenida. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que el expresidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, y el exdirector general de la entidad, Ildefonso Ortega, no se enriquecieron durante su gestión al frente de la caja manchega. Pero la mala gestión quedará en los libros de la historia financiera del país.

El pasado 3 de febrero, el Gobierno limitó a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades con ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado. Ahora solo falta que se limite el acceso de los políticos a las cajas o en lo que queda de ellas.

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