Másde800.000 empleados públicos pueden ser despedidos

Cualquier organismo público estatal o autonómico, desde un ayuntamiento a un ministerio, pasando por una consejería o una empresa con más del 50% del capital público (incluidas las televisiones), puede empezar a despedir a sus trabajadores desde hoy con 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses por el simple hecho de tener déficit y de que los créditos y transferencias hayan bajado el 5% respecto del anterior o del 7% en los dos últimos años. Los sindicatos han cuantificado en 840.000 trabajadores los posibles objetivos del reglamento que desarrolla la reforma laboral del PP.

El reglamento, publicado ayer en el BOE, ha empeorado la regulación del despido colectivo en el sector público que preveía la reforma. Incluso el borrador sometido a consulta de los sindicatos fijaba un mayor porcentaje, el 10%, de pérdida de ingresos por transferencias y créditos. Con la rebaja a la mitad se relajan las condiciones para abrir un ERE y se facilita el despido.

Se considerará despido colectivo si el ERE afecta a 10 trabajadores de un ministerio, ente, organismo o consejería que tenga al menos 100 trabajadores, al 10% de estos organismos que ocupen entre 100 y 300 trabajadores o a 30 empleados si la plantilla tiene más de 300.

La medida no afecta a los que hayan accedido a una plaza por oposición, es decir, los funcionarios, pero sí al personal laboral. Estos son unos 840.000 (140.000 de empresas públicas) según cálculos de UGT. Este sindicato denuncia el "ensañamiento" del Gobierno con el personal laboral porque además, no deja la posibilidad de negociar medidas de flexibilidad como la reducción de jornada.

El CSIF, que no secundará la huelga del 14 de noviembre, también rechaza el reglamento porque las causas económicas del despido no dependen del mercado sino de una gestión eficaz y pueden deberse al despilfarro.