Era un secreto a voces, pero la retribución que percibe el exdirector de CAI, Tomás García Montes, tras su salida de la entidad sigue levantando ampollas entre los trabajadores y los sindicatos. Desde la caja aragonesa insisten en que "se ha hecho todo lo posible" por tratar de cesar esos pagos al exdirectivo, e incluso se presentó una demanda ante el juzgado de lo Social de Zaragoza que derivó en una querella por apropiación indebida y administración desleal. El mensaje de la dirección de CAI es que esas prácticas --García Montes cesó en diciembre del 2009 y le sustituyó Luis Miguel Carrasco-- "han desaparecido" y se cambió "de arriba a abajo" esa forma de actuar tras la llegada del nuevo director general.

García Montes, que percibe de la entidad 15.000 euros mensuales en concepto de pensión vitalicia tal y como publicó ayer este diario, está considerado como uno de los causantes del agujero inmobiliario que arrastra CAI. Los representantes sindicales calificaron ayer de "inadmisible" y "lamentable" que el exdirectivo todavía perciba esa retribución después de lo que ha ocurrido. No obstante, fuentes del comité de CAI insisten en que "hubo otras personas que lo consintieron", en alusión clara a los miembros del consejo durante y antes del 2009.

Fuentes del PSOE calificaron el salario de García Montes de "deshonrosas" y apostaron por la "transparencia" y por "asumir responsabilidades", incluso desde los partidos políticos. IU exige una comisión de investigación y también reclama "depurar responsabilidades".