Los sindicatos de banca rechazan la nueva ley de prejubilaciones

El nuevo decreto sobre prejubilaciones aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros ha colocado en vía de urgencia para los sindicatos del sector bancario la negociación de los expedientes de regulación de empleo pendientes de concretar y que afectan a más de 9.000 trabajadores --3.000 de la nacionalizada Catalunya Banc, otros 3.000 de CaixaBank y 3.000 más del Santander por la integración de Banesto y Banif en la estructura de la matriz-- sin contar los recientes acuerdos alcanzados por las también nacionalizadas Bankia (4.000 despidos) y Nova Caixa Galicia (1.850) que se han cerrado durante las últimas semanas.

Los sindicatos consideran que el nuevo marco legislativo es bastante más lesivo para los intereses de los trabajadores del sector que tendrán que abandonar esas entidades con los criterios de la nueva legislación que se aplicará a los acuerdos que se firmen a partir del 1 de abril de este año. Por esta razón han propuesto o propondrán sobre la mesa de negociación de estos bancos que aceleren las negociaciones de los ERE para conseguir un acuerdo antes de abril. De hecho, ayer lo propusieron los representantes sindicales a la dirección de Catalunya Caixa, aunque no consiguieron una respuesta favorable por parte de la dirección de la empresa. El jueves, los representantes de los trabajadores de CaixaBank plantearán que se acelere la negociación para intentar alcanzar un acuerdo, "sobre la base de salidas voluntarias", dijo ayer un representante sindical en la entidad.

FUERA DE ALCANCE Esta por ver cuál será la respuesta de esa entidad. Pero en el caso de Catalunya Banc, la dirección ya comunicó ayer a los representantes de los trabajadores que no está a su alcance la posibilidad de acelerar acuerdos. La entidad, en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aún no ha elaborado el plan de reestructuración mediante el cuál deberían abandonar el grupo entre 2.500 y 3.000 trabajadores, como establece el plan de saneamiento impuesto por Bruselas. Pero, por otra parte, el decreto publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye en la disposición adicional séptima la creación de una comisión técnica integrada por los ministerios de Empleo, Economía y Hacienda que deberá ser informada "con carácter previo" tanto del inicio de cualquier procedimiento de despido colectivo como de cualquier propuesta de acuerdo a presentar a los trabajadores.

Esa comisión, sin embargo, todavía no ha sido creada, y no es probable que se constituya antes de que se apruebe el reglamento del decreto ley. "Estamos intentado acelerar la negociación, pero no se ve la posibilidad. Además, los que nos han traído hasta esta situación, la dirección, no hacen nada para acelerarla", dicen desde UGT. "A los trabajadores nos interesa más que el ERE se negocie según la legislación anterior y me temo que también para la empresa es mejor una negociación en el actual marco legislativo", indica Jordi García, de CCOO en CX.