Frente a las cifras negativas, optimismo. Es la estrategia del Gobierno cada vez que en los últimos meses aparecen datos que ponen en cuestión su capacidad para cumplir sus compromisos con las autoridades europeas. Ayer tocó el turno del déficit público. El lunes por la noche se conoció que el conjunto de la Administraciones registró hasta julio un déficit de 54.293 millones de euros, equivalentes al 5,27% del producto interior bruto (PIB), cuando el compromiso para todo el año está muy cerca de este porcentaje: el 6,5%
La respuesta positiva corrió en esta ocasión a cargo del ministro de Economía, Luis de Guindos, que lanzó un mensaje tranquilizador y aseguró que la cifra de déficit "va a converger" y "se va a acercar" a finales de año al 6,5% comprometido con la UE. Aunque, dada la dificultad del reto, Guindos evitó, no obstante, sentenciar que España va a cumplir a rajatabla el objetivo. "Lo importante es la tendencia, y esta apunta a la recuperación", señaló.
Para rebajar de aquí a finales de año el déficit, el ministro afirmó que el Gobierno "no tiene previsto tomar ninguna medida" extraordinaria dado que, según sus datos, "todavía quedan factores" que ayudarán a que el nivel se reduzca en los próximos meses. Entre los ahorros previstos destacó los 5.000 millones de euros en el pago de intereses de la deuda y la recuperación de ingresos tributarios.
Pero ayer también hubo otro jarro de agua fría sobre la evolución de las cuentas públicas. La deuda de las administraciones públicas alcanzó en julio los 947.184 millones, un 92,6% del PIB, un punto por encima del objetivo anual comprometido por el Gobierno, 91,6%.
El Banco de España publicó ayer ese dato sin desglosar, después de que la semana pasada se conociera en detalle la composición de la deuda pública hasta junio, que llegó al 92,2% del PIB, una información más completa que la entidad supervisora aporta de manera trimestral.
La publicación de los datos que apuntan a estos incumplimientos de España ha coincido con la misión de control de los hombres de negro del FMI precisamente para analizar el cumplimiento de las condiciones del rescate bancario.
