La privatización de algunos servicios del antiguo Inem por un valor de 200 millones de euros ha desatado una dura batalla empresarial. Las grandes empresas de trabajo temporal (ETT), de recolocación y formación se preparan para presentar ofertas al Ministerio de Empleo, que en octubre autorizará a 60 de las 859 agencias privadas de colocación registradas ahora en España a presentarse a los concursos para adjudicar la búsqueda de empleo para paquetes de parados.
Las empresas de recursos humanos tienen desde hace semanas a amplios equipos de personal analizando hasta el último detalle del pliego de condiciones publicado por el ministerio para decidir las agencias privadas que podrán operar con el Servicio Público de Empleo en los próximos cuatro años mediante un acuerdo marco. Los precios básicos que ofrece el Ejecutivo oscilan entre los 300 euros y los 3.000 euros por colocar a un desempleado en función del grado de dificultad de cada perfil profesional, aunque pueden llegar a los 4.400 euros para algunos colectivos especiales y para contratos de un año como mínimo.
Los criterios que influyen en las tarifas son el tiempo que lleve el parado sin empleo y su edad: a más tiempo en paro y más edad, el Servicio Público de Empleo pagará más dinero. Teniendo en cuenta un precio medio de alrededor de 1.500 euros, los 200 millones permitirían reinsertar en el mercado laboral a unos 130.000 desempleados, según los cálculos de empresas del sector de recursos humanos.
Los requisitos de solvencia y de un volumen de negocio mínimo de 100.000 euros al año para las empresas que opten a formar parte del acuerdo marco con el Ministerio de Empleo provocará una criba entre las 859 agencias de colocación registradas, entre las que entre las firmas especializadas también aparecen órdenes religiosas, así como asociaciones empresariales y gestorías.
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