José Manuel Lasierra: La reforma laboral: el desempleo precarizador

Las numerosas y sucesivas reformas desde la primera de 1984, han pretendido adaptar la carga de trabajo a las necesidades de producción de las empresas. En los 80 y los 90, los gobiernos de turno disponían de los instrumentos típicos, las políticas monetaria y fiscal, para actuar sobre la actividad económica y, en última instancia, sobre la demanda de trabajo que realizan las empresas. Sin embargo, desde la creación del euro, los gobiernos nacionales no han dispuesto de esas políticas para hacer frente a las crisis. En consecuencia, todo el desajuste del mercado de trabajo se ha dejado a las actuaciones sobre las instituciones laborales. La visión que inspira estas políticas, ignora dos ejes. Uno, que la demanda de trabajo que realizan las empresas, depende fundamentalmente del mercado de bienes y servicios. Las políticas contractivas han generado un volumen enorme de desempleados en disposición de trabajar casi al precio que fuera. Esto ha elevado el ejército de reserva de las empresas, que a su vez no podían emplear por la caída de la demanda, en una suerte de bola de nieve perniciosa imposible de parar sin estímulos monetarios o fiscales, hasta estrellarse en el muro de los seis millones de desempleados. En ese entorno se ha quedado, presumiblemente para mucho tiempo, a pesar de las recientes cifras de la EPA.

Qué ha ocurrido desde 2012? La reforma laboral de ese año ha liberado a las empresas en sus obligaciones de atender determinados compromisos con su plantilla. La reforma, en síntesis, ha dado más facilidad a las empresas, en costes y procedimientos, para adaptar su personal a las necesidades de producción. Además, la realización de los ajustes laborales no se liga a un posible plan de viabilidad de la empresa, con la plantilla más reducida, como establecía, en alguna medida, la legislación hasta la reforma de 2012. Los resultados inmediatos han sido el crecimiento del desempleo y la caída salarial y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. En el medio plazo, la nueva estructura de costes de producción estimulará un sistema productivo de bajo valor añadido. Es decir, la continuación de un sistema productivo muy vulnerable, especializado en producciones de demanda y contenido tecnológico medio y bajo, que basa su competitividad en unos menores costes y no, por el contrario, en la oferta de producciones de calidad, más competitivas.

Junto al crecimiento del desempleo, otro efecto de la RL ha sido la reducción de la dualidad laboral, ese gran problema que, según algunos académicos, tenia nuestro mercado de trabajo. Ahora ya hay pocos trabajadores de primera. Pocos trabajadores se escapan, aunque tengan contratos indefinidos, a las posibilidades de una reestructuración laboral como permite la reforma. Se ha acabado la dualidad a costa de aumentar la precarización. Como consuelo, y ciertamente no es poco, cuando el ciclo cambie, que algún día cambiará, con poco crecimiento económico se creará empleo, como parece que apuntan, con muchas dudas y escepticismo, los datos más recientes. Y los mentores de la reforma nos dirán que tenían razón olvidando la masiva destrucción de empleo. Por supuesto tampoco hablarán de los tipos de empleo que se crean, que no serán empleos de calidad. Parece razonable que en el estado actual se deba primar la cantidad de empleo sobre la calidad pero se debería haber evitado o reducido su destrucción. El empleo de calidad, que primero requiere de empresas de alto valor añadido, necesita también de una normativa laboral protectora que la reforma laboral se ha llevado por delante.

Mientras tanto, la excusa de las reformas estructurales, la letanía de las reformas como bálsamo de fierabrás, esconde la complacencia y la inactividad sobre la economía real y la ausencia de exigencias a Europa para que se instrumenten otras políticas generadoras de empleo. Políticas que se fijen más en los problemas del desempleo y menos en los intereses de los acreedores; políticas expansivas en lo monetario y en lo fiscal, que se planteen su continuidad y permanencia en tanto el desempleo no se reduzca a niveles soportables.