Jordi Besora, responsable de la empresa de transportes TJB de Montblanc, se mostró ayer "muy satisfecho" por las primeras conclusiones del abogado general de la Unión Europea (UE) sobre el llamado céntimo sanitario. Se bautizó así al gravamen creado por el Gobierno en el 2002, con un tramo autonómico destinado a financiar la sanidad y que, en opinión del abogado general del tribunal de la UE, conculca la normativa europea sobre impuestos especiales.

Besora reclama 62.000 euros de indemnización. "El nivel impositivo a las empresas de transporte es muy alto y solo faltaba que nos pusieran este impuesto. Muchas empresas no han podido resistir y han tenido que cerrar", argumenta. El responsable de esta pequeña empresa de transportes apunta que si la sentencia les es finalmente favorable podría suponer "un desacalabro" para las finanzas públicas. El céntimo sanitario suponía a su empresa un gasto semanal de 400 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) eligió al azar la empresa de Besora entre las que hacían el mismo tipo de reclamación para elevar el caso al tribunal europeo.

A raíz de este pleito, el Tribunal de Justicia de la UE cuestionó ayer la legalidad de la tasa autonómica, lo que podría agravar los actuales problemas presupuestarios de las comunidades autónomas que lo aplican y del Estado si España fuera obligada a devolver los 13.000 millones ingresados desde la introducción de esa tasa especial. El impuesto es considerado ilegal e incompatible con la directiva europea sobre impuestos especiales por el abogado general de la institución Nils Wahl en su recomendación al tribunal

Desde el pasado el 1 de enero, con el objetivo de corregir los defectos legislativos investigados por el Tribunal de la UE, la normativa española sobre el céntimo sanitario fue modificada y la tasa quedó integrada en el impuesto especial de hidrocarburos. Por ello, una sentencia contraria solo sería perjudicial si tuviera efectos retroactivos.

El abogado general del tribunal de la UE, que asesora a los jueces en este caso concreto ha optado por una interpretación muy restrictiva de la directiva comunitaria. Pese a que el impuesto cuestionado tiene como finalidad financiar los gastos sanitarios en las autonomías, Wahl sostuvo en sus conclusiones que no cumple el requisito establecido en la directiva de tener "finalidad específica no presupuestaria" y argumentó que tiene el mismo objetivo que el impuesto especial armonizado sobre hidrocarburos, que consiste en reducir los costes sociales.