La minería de carbón nacional es una actividad en declive desde hace años, que lucha por mejorar su eficiencia para competir sin necesidad de ayudas a partir de 2019 ya que, de lo contrario, los yacimientos se verán obligados a cerrar.
En la actualidad, en España trabajan en la minería del carbón casi 5.000 personas en 15 empresas, algunas de las cuales atraviesan una situación cada vez más complicada, como Coto Minero del Cantábrico (CMC), que se encuentra en liquidación.
De acuerdo a la regulación comunitaria, la minería europea tiene que adaptarse a determinados criterios medioambientales y económicos antes del fin de 2018.
Esto implica que, para continuar su actividad a partir de esa fecha, las empresas deberán devolver las ayudas recibidas en el pasado y ser capaces de competir por sus propios medios.
Para adaptarse a los condicionantes comunitarios, el Gobierno, los sindicatos y la patronal han puesto en marcha sucesivos planes de carbón con el objetivo de modernizar las minas, por una parte, y diversificar la actividad económica de las comarcas mineras, por otra.
Los Presupuestos Generales del Estado de este año dedicaron 545 millones de euros a ayudas al carbón -explotación, infraestructuras en comarcas mineras y desarrollo alternativo de las zonas-, una cifra en constante descenso que para 2014 se verá reducida a 522 millones.
Además, en paralelo, el Gobierno ha garantizado cierto consumo de carbón mediante el mecanismo que obliga a las centrales térmicas a utilizar mineral nacional frente al importado, una normativa que expira el próximo año.
El pasado mes de septiembre, Gobierno, sindicatos y patronal alcanzaron un preacuerdo de Plan del Carbón 2013-2018 que garantiza que el carbón nacional supondrá un mínimo del 7,5 % de la generación eléctrica nacional hasta 2018 aunque no han detallado cómo.
Para atender a esta menor demanda, la producción de carbón nacional pasará de las 6,55 millones de toneladas previstas para este año a 5,87 millones en 2018.
Esto supondrá reducir las plantillas de los 4.894 trabajadores que había el pasado año a una estimación de 4.496 en 2018, 3.318 empleados de plantilla propia y 1.178 de subcontratas.
En cuanto a la parte social, el documento regula las prejubilaciones y bajas incentivadas, al mismo tiempo que considera como "excedentes" a los trabajadores de las subcontratas, lo que permitirá recolocarlos.
En materia de reactivación de las comarcas mineras, el preacuerdo de Plan del Carbón prevé destinar 250 millones de euros a infraestructuras y 150 millones a proyectos medioambientales, así como poner en marcha programas de formación y seguridad.
