Hace ya más de un año y medio desde que se constituyó la piedra angular del rescate financiero español: la sociedad Sareb o el denominado banco malo. Un proyecto ideado y financiado por Europa con 41.333 millones de euros al objeto de nacionalizar una parte del sector bancario español, limpiándolo de créditos dudosos y demás excesos inmobiliarios. Lejos de que esta intervención haya logrado corregir los graves desequilibrios, el crédito financiero vivo concedido al sector privado se ha hundido en unos 250.000 millones de euros, la tasa de mora ha subido en más de dos puntos hasta el 13,6% y el crédito dudoso mantiene una tendencia preocupantemente ascendente.
Por su parte, el banco malo obtuvo un resultado negativo en el 2013 de 261 millones de euros, una circunstancia que aunque estaba prevista en el plan de negocio de la entidad, entreabrió otra herida más en las cuentas públicas de titularidad social. Cabría preguntarse, además, por el diseño financiero de la Sareb, cuya estructura de pasivo se articuló con más de 50.000 millones de euros en deuda avalada por el Estado, generando, solo en el 2013, 1.271 millones de euros en intereses (3,5 millones diarios).
Y con el excepcional plazo de quince años contemplado para comercializar el total de los activos tóxicos --hasta 2027-- aumentaría el número de entresijos cuestionables relacionados con la sociedad. También la situación macroeconómica de España nos indica, por otro lado, que nos encontramos ante un escenario de deflación o reducción de los precios, lo que constituye el peor de los escenarios de fondo posibles para que la Sareb pueda alcanzar sus objetivos de rentabilidad.
La adición de estos factores no pone de relieve sino el carácter absolutamente antiestético de un rescate financiero por el que la administración absorbió los activos bancarios de peor toxicidad. Las evoluciones del sector financiero y del sector público responden por sí solas ante la pregunta de si la nacionalización de ciertas entidades se realizó en aras del interés general.
