La organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) presentó ayer un paquete de 34 propuestas de lucha contra la corrupción y la delincuencia económica que, entre otras cuestiones, incluye llevar a cabo un plan especial de comprobación sobre los representantes políticos, así como sobre los contribuyentes que se hayan acogido a la amnistía fiscal.
Los inspectores también plantean incluir en el plan de control de la Agencia Tributaria a entidades y personas implicadas en supuestos de corrupción y otra delincuencia.
La organización IHE presentó sus propuestas durante su congreso anual que finaliza hoy en Bilbao bajo el título La reforma fiscal y lucha contra la delincuencia económica. "Ante la grave y generalizada situación de corrupción que se está dando en España", según el documento, la organización plantea, entre otras medidas, la creación de una Oficina Antifraude (ONAF) en la que se integrarían efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Fiscalía Anticorrupción, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la propia Agencia Tributaria. Este organismo dependería exclusivamente del Parlamento.
El presidente de IHE, Ransés Pérez Boga, valoró que un organismo de este tipo "parece casi imposible" de salir adelante, "pero si hay un momento en que puede salir es este, porque a la opinión pública no le gusta lo que está pasando". Según afirmó Pérez Boga, el mensaje de los ciudadanos a los políticos es el de "o hacéis algo o es que no queréis hacerlo. Vuestra indiferencia os hace cómplices".
Entre las propuestas de reforma legal se plantea la aprobación de una ley anticorrupción y modificar el Código Penal reforzando las medidas contra la corrupción, prevaricación y otros delitos económicos.
Además, los inspectores de Hacienda piden también negar el indulto a los condenados por delitos fiscal, contable o económico y establecer supuestos de inhabilitación en casos de corrupción, así como crear juzgados especializados en delitos económicos.
