Cientos de sindicalistas y afiliados de UGT y CCOO salieron ayer a las calles de Zaragoza para pedir la retirada de los artículos del Código Penal y de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que vulneran el derecho a la huelga, de manifestación y de reunión. En la actualidad hay más de 300 sindicalistas procesados por participar en la huelga general del 2012, entre ellos, cinco trabajadores de Arcelor en Asturias, condenados a más de 21 años, o los ocho empleados de Airbus de Madrid, a los que el fiscal piden un total de 64 años.
Si esto no se apaña, caña, caña, caña, Rajoy tenlo clarito, la huelga no es un delito o Vuestra democracia es la ley mordaza fueron algunos de los eslóganes que se pudieron escuchar en la marcha de Zaragoza, que comenzó el plaza San Miguel y concluyó en la del Pilar. El líder de CCOO Aragón, Julián Buey, subrayó que el objetivo de la cita era "exigir al Gobierno de España que anule la criminalización de la huelga y la ley de Seguridad ciudadana", mientras que su homólogo en UGT, Daniel Alastuey, criticó que el Gobieron intenta "intimidar a la población y a los trabajadores para impedir que luchen contra los recortes".
La protesta sindical se desarrolló también en Huesca, así como en casi todas las capitales españolas.
Con la reforma impulsada por el Gobierno, quienes limiten el ejercicio de los derechos de libertad sindical o de huelga serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses. Si hubiera coacciones, la pena será de uno a tres años.
