No todo son malas noticias. La moratoria nuclear, fruto de la decisión del Gobierno socialista de Felipe González de paralizar la construcción de tres centrales atómicas en 1983, ha desaparecido ya del recibo. Desde que se acordó en 1995 incluir en la factura una compensación al sector por esa medida, los usuarios han pagado un total de 5.717 millones a las eléctricas y a los bancos, de los que más de 1.300 millones son intereses estas compañías y entidades.

El fondo creado en su día para titulizar la indemnización (o rescate, como lo calificó el Ejecutivo socialista) a las eléctricas, lo que consiste en convertir ese dinero en deuda a cuenta de los derechos de cobro, se disuelve este lunes. El remanente que queda, unos ocho millones de euros, se computará como ingreso del sistema, es decir, de las compañías, según fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Tras la llegada al Gobierno, González paralizó sine die cinco grupos nucleares: Lemóniz I y II (Vizcaya); Valdecaballeros I y II (Badajoz); y Trillo II (Guadalajara). El Ejecutivo, que incluyó el parón nuclear en el plan energético nacional (PEN) de 1983, vio innecesarias las instalaciones tanto por haberse basado en previsiones de demanda muy hinchadas como por los elevados costes financieros que suponían.

No fue hasta el PEN de 1991 en que se convirtió en obligatoria la compensación. Y en 1994, a través de la ley de ordenación del sistema eléctrico, se declaró la paralización definitiva de las nucleares y se incluyó en el recibo de la luz un recargo máximo del 3,54% por un plazo máximo de 25 años, hasta el 2020. Entonces la deuda se cifró 4.383 millones. El reparto era el siguiente: 2.273,26 millones para Lemóniz, propiedad de Iberdrola; 2.043,77 millones para Valdecaballeros, de Sevillana --hoy Endesa-- e Iberdrola; y de 66,21 millones para Trillo II, de Endesa, que entonces era pública; y de Unión Fenosa (hoy Gas Natural).

El Gobierno permitió a las eléctricas que cobraran de una vez esos importes para sanear sus balances. Como contrapartida, las entidades financieras financiadoras percibirían las sumas a través del recibo, con intereses. Iberdrola se embolsó 3.178 millones, Sevillana (Endesa), 1.035,52 millones, Unión Fenosa (Gas Natural), 41,16 millones y Endesa, 23,46 millones. Este fondo se financió con una emisión de bonos (1.292,18 millones) y dos préstamos, uno de 1.935,26 millones y otro de 1.069,80 millones, que vence ahora.

El recargo en la factura se fue modificando, hasta ser del 0,454% en la actualidad. El último pago, correspondiente al 2014, fue de 67,7 millones. Pero lo cierto es que desde 1995, los usuarios han sacado de sus bolsillos 5.717 millones.