La falta de recursos económicos no actúa en, ocasiones, como un muro infranqueable para la lucha contra el desempleo. La comunidad de Castilla-La Mancha, la cuarta autonomía con más paro con una tasa del 24,97%, se ha convertido en un ejemplo al poner en marcha un plan extraordinario de rescate de parados. Para ello, el Ejecutivo encabezado por Emiliano García-Page ha tenido que sacar petróleo de un desierto con el fin de reunir unos 300 millones de euros adicionales al presupuesto de políticas activas de empleo con los que ofrecer empleos, subsidios, formación o orientación a unos 60.000 parados en dos años.

Las primeras contrataciones de las 30.000 planificadas acaba de empezar. Se trata de trabajos de tipo social a través de ayuntamientos y administraciones. "Queremos reactivar a parados muy afectados por la crisis de la construcción, especialmente a los de larga duración, que representan dos tercios del total, con trabajos de seis meses para que vuelvan al mercado laboral o que tengan derecho a cobrar algo de paro después", según Francisco Rueda, viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha.

Las subvenciones que reciben los municipios y las entidades que contratan a los desempleados, así como la financiación del resto de medidas, ha sido posible gracias a un pacto entre el Ejecutivo autonómico, las diputaciones, los ayuntamientos y la banca. La junta ha tenido que sacar de debajo de las baldosas 170 millones que ha ido rascando de un presupuesto de 7.000 millones.