La negociación de un modelo de financiación autonómica se anuncia como uno de los grandes retos de la próxima legislatura. Debió haberse negociado en el 2014, pero la recesión económica y la imposibilidad del Gobierno central de poner más dinero sobre la mesa con el que poder evitar que nadie saliera perdiendo llevó al Ejecutivo de Mariano Rajoy a incumplir el compromiso.
Cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero alumbró el nuevo modelo de financiación del 2009 se pusieron sobre la mesa más de 11.500 millones de euros en dos años. Con ello se logró engrasar la negociación política, si bien a costa de «un reparto de recursos arbitrario y poco transparente, que facilita la demagogia y dificulta la corresponsabilidad» de las autonomías, subraya ahora un informe del Consejo General de Economistas que pretende abrir el debate de la reforma de la financiación autonómica.
Cuestión de orden
Entre otros efectos, el modelo del 2009 acabó con el principio de ordinalidad, según el cual la solidaridad entre las comunidades más ricas y que más aportan al sistema no debería desplazarlas a escalones más bajos que otras tras el reparto de los recursos. El principio de ordinalidad propugna que cada uno siga en su escalón, aunque la distancia entre estos sea mucho más pequeña.
Aunque Madrid y Cataluña ocupan el escalón primero y segundo en ingresos tributarios, el reparto actual de los recursos las desplaza hasta los puestos 11 y 10 respectivamente. En sentido contrario, Extremadura escala desde el puesto 14 al tercero.
Existe un alto nivel de coincidencia entre académicos y formaciones políticas en la necesidad de restablecer el principio de ordinalidad. Ello implicaría que las comunidades que suben escalones con el actual sistema (Cantabria, Aragón, La Rioja, Asturias, Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, sobre todo) tendrían que bajar alguno, lo cual convertiría la negociación política en una misión imposible si no se pone más dinero sobre la mesa.
“Es muy difícil poner más dinero sobre la mesa, pero sí es posible introducir la condonación total o parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como elemento de negociación”, sugirió el catedrático y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales Juan José Rubio durante la presentación del informe del Consejo General de Economistas.
La idea no parece peregrina. Es una cuestión a la que el Gobierno del PP viene dando vueltas desde hace tiempo y sobre la que no acaban de ponerse de acuerdo todos los sectores del actual Ejecutivo en funciones.
A través del FLA el Tesoro ha emitido la deuda pública que las autonomías no podían colocar en los mercados financieros sin que estos les exigieran unos precios desorbitados. H
