El ministro de Justicia, Rafael Catalá, calcula que 1,5 millones de personas se enfrentarán los próximos meses a la restitución de sus derechos en los contratos hipotecarios con cláusula suelo a través de la mediación voluntaria para los clientes y obligatoria para la banca. Ante la previsión de que esta mediación no llegue a realizarse satisfactoriamente para el cliente y provoque un colapso judicial, el Gobierno trabaja en la designación de juzgados especiales y especializados en cláusulas suelo.
El Ministerio de Justicia pretende que estos juzgados sean los competentes para absorber las posibles denuncias que se presenten tras una mediación fallida. Catalá cree que será más operativo especializar unos determinados juzgados en cláusulas suelo, que repartidos indiscriminadamente entre los diferentes tribunales existentes.
El ministro insistió en que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no suponía ni una crítica ni una desautorización del sistema judicial español, sino una actuación dentro de la normalidad del poder judicial, que es un sistema basado en la jerarquía piramidal y donde la interpretación máxima del derecho europeo corresponde al TJUE.
Fuentes judiciales destacaron que era una iniciativa que podía resultar útil para agilizar los procesos en los tribunales, aunque defendían que se decidiera qué juzgados se ocupan de ellos por el sistema de reparto. Es decir, que decida el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no el Ministerio de Justicia.
Las asociaciones de consumidores no confían demasiado en la buena voluntad de la banca. Adicae anunció que iniciará hoy concentraciones ante las sucursales de las entidades bancarias «empecinadas» que «niegan» la solución extrajudicial aprobada la pasada semana por el Gobierno para la devolución de las cláusulas suelo indebidamente cobradas y que «ni siquiera quieren suspender el cobro de las cláusulas suelo». La asociación hizo un llamamiento a los afectados a que se sumen al toque a la banca para exigir a entidades como Sabadell, Popular, Unicaja, Caja España-Duero, Ibercaja, Liberbank, BBK Kutxabank, Bantierra y algunas cajas rurales que dejen de cobrar estas cláusulas.
