Los abuelos, además de ser fuente de sabiduría y canguros por excelencia, son también un importante sustento económico para centenares de miles de familias. Una situación que no solo no es justa para quien se ha pasado toda una vida trabajando, sino que también provoca la ofuscación de una generación que le gustaría ser independiente, pero que no puede serlo.

El volumen de hogares cuyo sustento principal proviene de una persona jubilada va en aumento. Según los datos de la última Encuesta de Presupuestos Familiares, el 29,50% de los hogares tienen su principal fuente de ingresos en una persona jubilada, frente al 27,1%, de la entrega anterior. Y ello a pesar de que más de la mitad de los mayores de 65 años (el 57%) dicen llegar con algún grado de dificultad a fin de mes.

Lo cierto es que la garantía de la pensión pública que perciben los jubilados ha convertido a este colectivo en el de mayor estabilidad económica durante la crisis económica y su posterior secuela de precariedad laboral.

Según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida -del 2016, con datos del 2015- el 13% de la población de más de 65 años se sitúa por debajo del umbral de pobreza, un porcentaje que va al alza si se compara con los datos del 11,4% del 2014 y del 12,3% del 2015. El umbral de riesgo de pobreza es cuando los ingresos de la familia se sitúan por debajo del 60% de la mediana del total: así, la encuesta del INE del 2016 determina el umbral de pobreza a partir de unos ingresos anuales inferiores a 8.209 euros para el caso de hogares con una persona; o por debajo de 17.238 euros, para el caso de hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años.

Bajo este criterio, el 22,3% de la población está en riesgo de pobreza; este porcentaje se reduce al 13% en el caso de los mayores de 65 años si bien llega al 28,9% para el colectivo de niños y jóvenes menores de 16 años. Si se tiene en cuenta que la mayor parte de los jubilados en España tiene vivienda en propiedad y no deben pagar alquiler, el umbral de pobreza para los mayores de 65 años se reduce al 6,3%, tres veces por debajo de la tasa general bajo el mismo supuesto, del 19,8%.

ENFRENTAMIENTO

Estas cifras son, según Domiciano Sandoval, miembro de Marea Pensionista, insostenibles. «Más de 800.000 pensionistas tienen que sostener económicamente a sus hijos. ¿Este es el país en que queremos vivir?», se pregunta este pensionista, cuya asociación quiere mejores condiciones de vida para «la sociedad en general». «Vamos hacia un enfrentamiento generacional. Chavales con una carrera o dos que trabajan con salarios muy bajos, cuyos padres cobran mucho más de pensión», vaticina. «Con salarios bajos, las pensiones serán menores. Y también los ingresos del estado por IRPF», concluye.

Floriá Giró es pensionista. A sus 79 años, está «harto» de que el Gobierno le envíe la carta cada año para explicarle que le suben la pensión «solo unos euros». «He trabajado muchos, muchos años, y he sido del comité de empresa. Cuando negociábamos aumentos salariales, tratábamos de que los que menos cobraran fuesen los que más subida de salario tuviesen», explica. Es por ello que defiende que ese modelo debería replicarse a las pensiones: «De nada sirve subirlas un 0,25% a todos. Hay que mirar cuánto es más cara la vida ahora, y subirla en euros. Es decir: si la vida es hoy 50 euros más cara que hace un año, que tanto el que cobra 700 euros de pensión como el de 2.000 recibiese 50 euros. Eso sí que sería justo».