El Banco de España insiste en la necesidad de una reforma «de calado» en el sistema público de pensiones pagar garantizar su «sostenibilidad» mediante la adopción de medidas «tanto en los ingresos como en los gastos» y que también redunde en «un alargamiento de la vida laboral» y en una mayor transparencia.
Estas son algunas de las líneas generales que el regulador incorpora en su Informe Anual sobre el 2018, difundido ayer. Fuentes del organismo consideran además la conveniencia de no hacer descansar las decisiones en la exigencia «en un consenso absoluto en el Pacto de Toledo», la comisión parlamentaria encargada de la reforma del sistema de pensiones. «Debería bastar obtener un consenso amplio, para evitar los bloqueos», reflexionan.
Al final de la pasada Legislatura el amplio acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo sobre las líneas maestras de la reforma quedó frustrado por la negativa de Unidos Podemos a asumir el borrador en el que se había trabajado. Las dificultades para lograr unaminidad pueden ser incluso mayores en un Parlamento cada vez más fragmentado y polarizado. Por eso, desde el organismo regulador que preside Pablo Hernández de Cos se sugiere la conveniencia de «no hacer descansar el Pacto de Toledo en la exigencia de un consenso absoluto».
MECANISMOS AUTOMÁTICOS
Desde el punto de vista del Banco de España, la reciente desactivación de los dos mecanismos de ajuste del sistema de pensiones que se habían adoptado en las reformas del 2011 y el 2013 (factor de sostenibilidad e índice de revalorización) hace más urgente el acuerdo de otras medidas alternativas de carácter automático que vuelvan a encauzar las cuentas, «y que sean equitativas desde el punto de vista de los costes y los beneficios que comportan para las distintas generaciones».
El progresivo aumento de la edad media de la población española y, por ende, «del votante mediano», tampoco aconseja demorar más las reformas, se advierte, pues eso va en contra de una mayor consideración a favor de los más jóvenes. Se estima un aumento de la edad media de la población española de, al menos, cinco años (de 43 a 48 años) entre el 2018 y el 2050.
Para el Banco de España, la sostenibilidad del sistema de pensiones y su necesaria reforma constituye uno de los elementos necesarios para contribuir a la consolidación de las cuentas públicas y prolongar la actual fase alcista de la economía.
El Informe Anual lo enmarca, además, dentro del amplio capítulo dedicado a las consecuencias de los cambios demográficos. «Las estimaciones más recientes anticipan un incremento significativo del gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración derivado del sustancial aumento previsto en la tasa de dependencia, que incluso en las proyecciones demográficas más optimistas pasaría del 25% actual a superar el 50% (del PIB) a mediados del presente siglo».
El Informe 2018 se articula en cuatro bloques referidos a la economía española, los determinantes de la actual baja inflación, el diseño de la política monetaria y las consecuencias económicas del cambio demográfico.
La vulnerabilidad de algunos hogares por efecto de la baja tasa de ahorro y del repunte del endeudamiento es uno de los riesgos que amenazan la recuperación de la economía. «Algunos hogares pueden estar excesivamente optimistas a la hora de tomar sus decisiones de consumo», se advierte para las rentas más bajas. Otros factores de riesgo tienen que ver con «la elevada dependencia financiera del exterior» y con «el riesgo de reversión de algunas reformas que han resultado eficaces para favorecer la actual recuperación», apunta sobre laboral y de pensiones.
