Los graduados sociales son técnicos en materia laboral y de Seguridad Social que asesoran, gestionan y representan en todos aquellos asuntos del orden laboral y social que les son encomendados. Estos profesionales, abanderados por el Colegio de Graduados Sociales de Aragón, asesoran en multitud de materias relacionadas con el mundo laboral: el contrato de trabajo, el recibo justificativo del pago de salarios, el alcance del convenio colectivo…

Pedro Rubio, tesorero y miembro de la Comisión de Mediación del Colegio, explica que ahora el tipo de mediación más impulsada desde la institución es la intrajudicial. Consiste en crear un ambiente propicio entre las partes involucradas en un conflicto antes de entrar al juzgado, llegando así muchas veces a «una solución no económica, sino de reconocimiento».

La mediación intrajudicial ya era utilizada antes en campos como el familiar o el mercantil. Sin embargo, es una novedad en el ámbito laboral, ya que la Administración de Justicia, con apoyo del Colegio de Graduados Sociales, comenzó a ponerla en práctica desde el 2018. «Se está impulsando con ayudas económicas a nuestros colegiados para que se formen como mediadores, además de difundir estas actuaciones entre los diferentes colectivos y asociaciones», afirma Rubio.

Un mediador, para poder ejercer como tal en la escena intrajudicial, debe realizar un curso de especialización específico en la Universidad e inscribirse en el Ministerio de Justicia como mediador. También es obligatorio realizar formaciones de reciclaje cada cinco años. Esta base enseña al mediador a aplicar métodos y herramientas para facilitar el encuentro entre las partes del conflicto, rebajar la tensión y favorecer la conciliación de sus pretensiones.

Una vez interpuesta una demanda, cualquiera de las partes puede solicitar esta mediación intrajudicial ante el juzgado , comunicándolo a la otra parte y a un mediador que iniciará los trámites para reunir a las partes y llegar a una solución.

Según Rubio, los ciudadanos deben considerar la mediación como una opción real por cuestiones como «el ahorro de costes económicos y de tiempo ante un juicio». Otro argumento de peso es que «llegar a un acuerdo entre dos partes supone un entendimiento ante las causas que originaron el problema en sí, ya que en muchos conflictos laborales las partes no saben cómo se ha llegado a esa situación». Además, «las dos partes ceden, por lo que no hay vencedores ni vencidos», concluye Rubio.