La caída de la actividad económica por la pandemia afecta también al sector del transporte. Desde el mes de enero, el nivel de actividad en el sector ha descendido «entre un 10 y un 15%», según datos de Tradime Aragón, asociación que representa a 700 pymes de transporte de la comunidad, con una flota de más de 2.000 vehículos.
Su presidente, José Antonio Moliner, desgrana algunas de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la pandemia sobre sus socios, como la tramitación de ceses de actividad y ertes de forma gratuita durante los primeros meses del estado de alarma o el refuerzo de los servicios de asesoría legal y jurídica. «Desde Tradime estamos intentando ayudar en la medida de lo posible. La incertidumbre es total e intentamos afrontar todos los retos que van apareciendo», afirma Moliner. Entre las demandas de Tradime ante la actual situación sanitaria figura el retraso de los cursos de renovación del CAP y los ADRS, que se siguen realizando de forma presencial dada la imposibilidad de hacerlo de manera telemática, o la inclusión de los transportistas en los grupo prioritarios de vacunación frente al covid, como ha ocurrido en Francia con los conductores mayores de 50 años.
Competencia desleal
Tradime Aragón ejerce de interlocutor con las administraciones en la defensa de los intereses de las pymes del transporte, ahora y antes de la pandemia. Uno de los campos de batalla de la entidad en los últimos años ha sido la competencia desleal, con diversas campañas sobre el dumping social que han contribuido a atajar este fenómeno con una nueva legislación europea en la materia. Ahora, las cooperativas de trabajo asociado se han convertido en una nueva amenaza para las empresas del sector del transporte en España que cumplen estrictamente con la legislación. Aunque se trata de una figura legal, estas falsas cooperativas realizan prácticas fraudulentas como la cesión de títulos de transporte a trabajadores sin el título correspondiente, y la contratación de estos mismos como falsos autónomos en lugar de como asalariados. «Se trata de una práctica similar a la que realizan en el sector cárnico, pero trasladada al transporte», compara el presidente de Tradime. Un tipo de negocio que «favorece la precariedad y empeora las condiciones laborales» en un sector con dificultades para el relevo generacional.
En este sentido, destaca una sanción pionera del Gobierno de Aragón de 184.000 euros a una de estas falsas cooperativas por las infracciones detectadas. Desde Tradime Aragón, aplauden la decisión del ejecutivo aunque plantean también otras soluciones, como flexibilizar los requisitos de acceso a la profesión y obligar a estas empresas a tributar en el régimen general de la Seguridad Social para evitar «prácticas que empobrecen y denigran la profesión », concluye Moliner.
