Transcurridos ya 14 meses de pandemia, el atasco del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) en Zaragoza sigue sin corregirse. El parón durante una semana del operativo informático, tras el ciberataque detectado el 9 de marzo, provocó un repunte de la sobrecarga de trabajo que arrastraba el organismo, aunque este contratiempo ya se da por resuelto. A día de hoy, el reconocimiento de nuevas prestaciones de paro en la provincia se hace con un retraso de 20 días hábiles (es decir, casi un mes), si bien, la demora se ha reducido a la mitad respecto a los 40 días que se tardaban a finales del 2020 y principios de este año.
«Ahora estamos aprobando las prestaciones solicitadas a primeros o mitad de marzo. Esperemos ir reduciendo los plazos», explicó a esta diario el director provincial del Sepe en Zaragoza, Fernando de Miguel. Este colapso hace que en estos momentos la primera paga del paro se tarde en cobrar entre uno y dos meses, en función de cuál sea la fecha en que se da luz verde al expediente, ya que entre los días 20 y 25 de cada mes se cierra la nómina de prestaciones que se abonan el día 10 del mes siguiente.
Esta situación puede paliarse gracias al convenio suscrito por el antiguo Inem con bancos como Ibercaja, que anticipan el pago si la prestación ya está autorizada. La demora es consecuencia del caos administrativo que originó el aluvión de ertes de la pandemia y la insuficiente plantilla —los expedientes se multiplicaron por cuatro en el 2020 y el número de trabajadores es prácticamente el mismo—. Cabe recordar que antes de la crisis sanitaria se tardaban tres o cuatro días en dar de alta a los beneficios de los subsidios por desempleo.
Los efectos del 'hackeo'
El ciberataque puso en apuros al organismo. «El hackeo supuso un trastorno añadido que hizo que estuviéramos una semana prácticamente paralizados», afirmó De Miguel. Gracias al plan de choque articulado desde Madrid y las horas extras realizadas por la plantilla, que trabajó dos sábados, se ha recuperado el ritmo de trabajo previos. «Seguimos con retraso, pero con el que ya teníamos, no se ha acumulado más ni se ha perdido información», precisó.
En el caso de los ertes, los cobros se efectúan por defecto con un mes de carencia debido al sistema de gestión introducido el pasado octubre. Desde entonces, las empresas deben comunicar los periodos de actividad del trabajador a mes vencido a fin de abonar la cantidad exacta de paro y no la estimada. «Entiendo que a la gente no le va nada bien, pero si no lo hiciéramos así seguiríamos cometiendo muchos errores porque pagaríamos a ciegas», justificó De Miguel.
Regularización de pagos
Precisamente, el organismo está volcado ahora en subsanar los cobros indebidos de los ertes del coronavirus a fin de evitar confusiones a la hora de hacer la declaración de la renta. El Sepe tiene identificados los expedientes de más 10.000 trabajadores de Zaragoza a los que se pudo pagar de más. A 3.000 de ellos ya se les ha enviado un requerimiento por carta para proceder a la devolución, que en el 90% de los casos se ha efectuado y los datos han sido comunicados a la Agencia Tributaria. Hace un mes se estimaba que eran unos 6.000 los casos de cobros erróneos en dicha provincia y unos 2.000 en Huesca y Teruel.
A pesar del esfuerzo que se está realizando, con 13 funcionarios dedicados a esta tarea, De Miguel reconoció que en Zaragoza el proceso de regularización no podrá completarse en su totalidad antes del 30 de junio, cuando finaliza el periodo para rendir cuentas con el fisco. A quienes puedan estar en esta situación, Hacienda recomienda retrasar su declaración de la renta a la espera de que el Sepe actualice los datos. En caso de conocer con certeza la cantidad que se cobró de más, puede optarse por confeccionarla aportando el dato correcto. Si no fuera así y finalizara el periodo para tributar si que se haya regularizado la situación, deberá hacerse una declaración complementaria a posteriori.
«Tenemos una tarea importante todavía pendiente. Estamos comprobando todos los pagos que se hicieron desde marzo para ver cuántos están bien o mal, pero en muchos casos son comprobaciones», aclararon desde el Sepe. El problema es más aislado en Teruel y Huesca, que «van más al día», sobre todo en la primera de estas provincias.
Ertes en descenso
La limitación de la atención presencial en la oficina de empleo estatal en Zaragoza es otra de las asignaturas pendientes. Al atasco administrativos se suma en este caso la limitación de aforo por las restricciones sanitarios, lo que limita el servicio a 80 personas como máximo al día, un tercio de lo que suele ser habitualmente.
Por otra parte, el número de afectados por ertes en Aragón mantiene una senda descendente desde el inicio del año. De los 18.000 trabajadores que tenían su empleo suspendido por la pandemia en diciembre se ha pasado a 14.344 en marzo. En enero y febrero fueron 15.400 y 14.700, respectivamente. «La curva que se ve es descendente claramente y esperamos que baje más», apuntó.
