El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha asistido hoy, telemáticamente, a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y al Consejo Consultivo de Política Agrícola convocados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Olona fue claro. De esa reunión se extrajeron dos conclusiones, una positiva y una negativa. La positiva es que Aragón recibirá 181 millones de ayudas en materia agrícola y de desarrollo rural, un 5,6% de los 3.210 millones que repartirá el Ejecutivo.
La mayor parte irá destinada a los fondos Feader para los años 2021 y 2022, una inyección económica que permitirá afrontar «con garantías» estas dos próximas anualidades, siendo que se agotaron los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR), dijo Olona. 2,5 millones irán destinados al programa de promoción del vino en terceros países; 1,4 millones a la sanidad animal y vegetal, y también se han destinado otras partidas de menor cuantía a la apicultura, la calidad vegetal y el control lechero, entre otras.
La nota negativa, según el consejero, fue la reunión por la nueva Política Agrícola Común (PAC). Olona manifestó su «honda preocupación por la falta de ambición mostrada por el Ministerio en relación a la reforma de la PAC», valorando también los últimos encuentros que no han sido satisfactorios. El consejero trasladó a Planas su total disposición al acuerdo pero pidió que no se utilice el mecanismo de la flexibilidad, entre las diferentes posiciones, para evitar que la reforma tenga un verdadero alcance.
«Somos conscientes de que la reforma de la PAC no va a ser lo que diga Aragón, pero nuestra propuesta es firme y lo que no estamos dispuestos a asumir es que suceda como en 2013 y se quede todo igual que estaba», aseveró Olona. El calendario se aprieta, y la última cita de negociación o debate está convocada para el 11 de junio. La posición de Aragón defiende que en 2023 se supriman los derechos históricos y se alcance el 100% de la convergencia. «De no ser así continuaremos perjudicando a los jóvenes, a las mujeres, seguiremos teniendo los mismos problemas en Teruel y en definitiva perjudicaremos al agricultor que realmente vive de la agricultura», apostilló el consejero de Agricultura de la DGA.
Olona insistió en que el beneficiario de la nueva política tiene que ser «el agricultor profesional y el modelo familiar y eso no sucederá si la reforma consiste en alargar hasta 2028 la convergencia, la supresión de los derechos históricos y cualquiera de los cambios que se necesitan hacer». Asimismo, consideró que «la defensa de la agricultura familiar que propone Aragón todavía tiene mayor justificación dada la ambición ambiental que está trasladando la Comisión Europea», y dijo dudar «si realmente va a suponer un apoyo o una carga para los agricultores».
