El Gobierno cifra en 1.000 millones el ‘hachazo’ a las eléctricas por el CO2

"Son algo más de 1.000 millones de euros al año que pasan directamente a las cuentas de las empresas y pensamos que una parte de estos beneficios deben ir a minorar la factura eléctrica", ha asegurado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Las compañías más afectadas son Iberdrola y Endesa, que son las empresas con más centrales hidroeléctricas y nucleares, respectivamente, aunque esta decisión también afecta a otras como Naturgy o Acciona. Fuentes del sector trasladaron a EL PERIÓDICO tras el anuncio que esta medida se trata de una "intervención del mercado" cuya puesta en marcha podría suponer un freno para el despliegue de nuevas tecnologías planteado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

El objetivo, por tanto, como ha indicado Ribera es reducir el precio de la factura para los consumidores, sobre todo los domésticos y los industriales. Los consumidores domésticos pagaron el mes pasado la factura más alta del año debido al alza del precio de los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales y no es previsible que el precio del CO2 se reduzca en los próximos meses. En concreto, el precio del CO2 ha crecido un 150%, cuando el 90% del sistema eléctrico español no genera CO2, una incongruencia que se produce porque el mercado español es marginalista, es decir, la última tecnología en casar oferta y demanda es la que marca el precio para el resto, por tanto, si la última en entrar son los ciclos combinados (queman gas natural) y sí están afectados por el CO2, el resto de tecnologías se benefician de ese precio.

Por ello, el Ejecutivo ha decidido poner coto a su efecto sobre los consumidores de luz. Así, el Ejecutivo ha decidido minorar parte de ese dividendo de carbono a las plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado. Estas plantas son, principalmente, nucleares e hidroeléctricas. En 2005 fue cuando se inició ese mercado de CO2 y, por tanto, esa fecha se toma en consideración "para garantizar que no hay ningún inversor que haya tomado la decisión de poner esas plantas que hubiera podido tomar en consideración el precio del CO2". Es decir, "ninguna planta ha visto en su contabilidad este coste de CO2 a la hora de tomar decisiones de inversión", ha insistido la ministra. 

No obstante, la puesta en práctica de esta medida se prevé que sea lenta, pues al ser tramitada como proyecto de ley, puede tardar en ponerse en marcha al tener que ser aprobada por el Congreso de los Diputados. 

Fondo renovable

Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde también en su reunión de este martes al proyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), conocido como fondo 'verde', que traslada los 7.000 millones de euros de las primas a las renovables que actualmente se incluyen en la factura de la luz a las empresas energéticas, esto es, eléctricas, pero también gasistas y petroleras de forma progresiva en un plazo de cinco años. "Queremos que todos los vectores energéticos, incluido gas y petróleo, contribuyan al despegue de las renovables y el apoyo de la cogeneración", ha asegurado Ribera.

Esta decisión ha sido altamente criticada por el sector petrolero que advierte de un alza de los combustibles, pero también por la gran industria, muy dependiente del consumo de gas. En este sentido, Ribera ha respondido que en el proyecto de ley se incluyen "exenciones y bonificaciones para aquellos consumidores de gasóleo agrícola y profesional, consumidores de gas en sectores industriales expuestos a la competencia internacional".