El presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Miguel Borra está este martes en Extremadura dentro de un recorrido autonómico para abordar la situación del sector público. Marca el acento en atajar la temporalidad y la escasez de recursos humanos y pone en perspectiva el efecto de la pandemia: "ha puesto las costuras del sistema al límite porque había un problema previo", anota.

-Viene a Extremadura para abordar con el presidente de la Junta de Extremadura los principales problemas en el empleo público ¿Cuáles son?

-Hay un problema muy serio de temporalidad y precariedad en todas las administraciones. La escasez de recursos humanos con los que hemos tenido que afrontar esta pandemia ha puesto las costuras del sistema al límite y no solo en Sanidad o en Educación. Lo hemos visto en las residencias o en la administración general con las dificultades del SEPE o la Seguridad Social para abarcar los distintos subsidios. 

-La temporalidad parece ser ya un mal endémico del mercado laboral en general.  

-Es que tenemos ámbitos de empleo público con un 40% de temporalidad. La Administración General del Estado lo tiene contenido en casi todos lo ámbitos, pero no ocurre eso en la administración autonómica en sectores como la sanidad o la educación o en el caso de la administración local.  

-Para frenar esa temporalidad parece que hay un borrador ya del Gobierno que plantea limitarla a 3 años ¿Qué les parece?

-Es un despropósito. Es una propuesta que no da ningún tipo de solución para el personal interino que hay en estos momentos y no hay que olvidar que son más de 800.000 personas en España en esta situación. Tampoco evita que se abuse de esa temporalidad, porque eso se logra sancionando a las administraciones que hayan incurrido en ello y lo único que dice es que cada administración decidirá cómo se sanciona a sí misma, algo que es inasumible. En vez de castigar a la administración, se castiga al interino por estar 3 años en el mismo puesto, porque cesará y no se podrá usar ese puesto en un año. Se da la paradoja de que si la administración incumple, la sanción es al trabajador, que va a tener que dejar de trabajar y se le niega el derecho a carrera profesional a una hipotética indemnización. 

-Uno de cada tres empleados públicos en Extremadura tiene un contrato temporal ¿deben estar preocupados con su futuro?

-La hipotética modificación del artículo 10 del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) la quiere sacar el Gobierno adelante por Real Decreto a lo largo de mes de junio. No tiene carácter retroactivo y por tanto no afectaría a las personas que en este momento están en esa situación sino a los que vengan. Pero hay mucha movilidad y tal y como se plantea la modificación no se va a solucionar el problema. Y está claro que el interino no puede ser ahora también el pagano de esta situación

Es difícil solucionar de hoy para mañana un problema que se ha generado durante tantos años

-Europa ha lanzado varias advertencias sobre el abuso de la temporalidad ¿Por qué no se ha abordado hasta ahora? ¿Es un problema económico?

-Más que un tema económico ha sido político. No ha habido tasas de reposición durante muchos años y las administraciones no han tenido voluntad de sacar todas las plazas que deberían para tener trabajadores estables y la bola se ha incrementado. Pero el problema lo han creado las administraciones públicas y lo están sufriendo los trabajadores en precario. Y con otro problema añadido, que cuando un asunto desborda todo, el resto de cuestiones se van quedando aparcadas y ahora están aparcados temas como la promoción interna, la evaluación del desempeño o la carrera profesional. Todo es cuestión de voluntad política.  

-¿Pero por dónde hay que empezar según ustedes? ¿Qué modelo plantean para dar estabilidad a los interinos que ya están y cómo se debe prevenir que estas situaciones se perpetúen?

-Hay que evitar que esto se produzca de nuevo y eso supone que se deben establecer penalizaciones civiles administrativas o penales para las administraciones que incumplan; hay que dar seguridad jurídica a las soluciones que se adopten y no podemos ir a procesos selectivos desvinculados de los puestos de trabajo. Es un problema complejo, lo primero es sentarnos y poner sobre la mesa las cartas porque es difícil que en un problema que afecta a 800.000 personas se contente a todo el mundo, pero hay que intentar que sea al máximo de personas. 

-Todo eso no parece que pueda dar una solución inmediata al problema.

-Es imposible solucionar de hoy para mañana un problema que se ha generado durante muchos años y más aún cuando va a implicar a muchas administraciones, pero lo que tiene que hacer el Ministerio de Política Territorial y Función Pública es marcar unas pautas claras. 

-En la pandemia se han producido situaciones de colapso en la sanidad o en servicios como el SEPE con la gestión de los ERTEs.

-El problema ha sido evidente en la pandemia, pero antes ya teníamos ese de falta de recursos y se veía en las listas de espera o en Atención Primaria en el caso de la sanidad. En cuanto al SEPE, es verdad que había millones de gestiones por ERTEs, pero es que el SEPE ha perdido en los últimos 10 años 3.000 puestos de trabajo, tiene 8.000 trabajadores para toda España de los que 2.000 son interinos y trabajan con sistemas informáticos que tienen 30 años. No se podría prever el aluvión de ERTEs pero está claro que había un problema.

-El teletrabajo pilló también con el pie cambiado a la administración en la pandemia ¿se ha consolidado debidamente el modelo?

-El teletrabajo ha llegado para quedarse y se ha alcanzado un acuerdo que valoramos de forma positiva porque recoge el carácter voluntario y reversible del teletrabajo y que garantiza que el ciudadano pueda ser atendido de forma presencial si quiere. El problema ha estado en que no todas las administraciones partían del mismo grado de desarrollo para acometer ese cambio y como muestra están los sistemas informáticos del SEPE con tres décadas.

-¿El incremento que denuncian en la edad media de las plantillas es un problema añadido?

-Es la consecuencia de que durante años se vayan perdiendo puestos de trabajo que no se recuperan sin que se cubran con concursos-oposiciones. Esas personas nuevas que acceden a la administración son las que al final bajarían la edad media de las plantillas.