El Ministerio de Consumo tendrá capacidad sancionadora contra los fraudes e incumplimientos masivos de grandes empresas, según ha anunciado el titular del ramo, Alberto Garzón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Garzón puso como ejemplo el 'dieselgate' que dejó a 11 millones de usuarios de automóviles afectados en todo el mundo y que tuvieron que ser sancionados por países, pero en el caso de España se carecía del "instrumento para hacerlo", según expuso.

"Esta herramienta nos permitirá abarcar la totalidad de las actividades que realicen las grandes empresas contra las personas consumidoras", ha explicado Garzón. Es decir, se trata de establecer un "desincentivo" a que las grandes empresas cometan abusos contra los consumidores porque afecten a la unidad de mercado de la competencia, que tengan incidencia en varios Estados Miembros de la Unión Europea o en el ámbito de Internet, cuando el actor que actúa de manera ilegítima no resida en España.

Las sanciones serán "proporcionales", según Garzón. En concreto, serán multas de hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito y, en el caso de la competencia europea será de hasta el 4% del volumen de negocio anual de la empresa que haya cometido el fraude o abuso.