Deliveroo ha iniciado los trámites para dejar de operar en España. Así se lo ha transmitido este viernes a sus más de 100 trabajadores de oficinas, cuyas consultas para cesarlos vía expediente de regulación de empleo (ERE) empezarán en septiembre. La empresa de reparto de origen británico comienza así su 'operación salida' de las ciudades españolas, tras estudiar el futuro a corto plazo del mercado y concluir que, dada la competencia con Glovo y UberEats y los costes añadidos de cumplir con su obligación de laboralizar a los 'riders', no le sale a cuenta seguir operando en España. La decisión ha sido anunciada apenas dos semanas antes de la entrada en vigor de la nueva 'ley Rider'. Actualmente tiene actividad en 70 ciudades españolas y opera con unos 2.500 repartidores; según los últimos datos de la propia compañía.
"La compañía ha llegado a la conclusión de que alcanzar y mantener una posición de mercado de primer nivel en España requeriría un nivel de inversión muy elevado con un rendimiento potencial muy incierto a largo plazo que podría afectar a la viabilidad económica del mercado para la empresa", ha manifestado la firma en un comunicado este viernes. Las consultas comenzarán en el mes de septiembre y el proceso de salida podría culminarse para finales de año.
Deliveroo emula el movimiento que ya hizo en Alemania en agosto del 2019 y repliega sus esfuerzos en otros mercados, donde tiene una posición más consolidada y sus márgenes operativos le permitan acumular más capital. La firma fundada Londres en el 2013 y que en el 2015 aterrizó en España pone fin así a su historia en este mercado. Esos seis años de actividad se han visto marcados por una fuerte competencia tanto con JustEat, heredero de la 'Nevera Roja' y por aquel entonces líder del mercado de reparto a domicilio, como con el resto de nuevas aplicaciones, como Glovo y UberEats.
Modelo laboral impugnado
También por la polémica y los litigios en relación a su modelo laboral para con los repartidores, sobre el que la Inspección de Trabajo, múltiples juzgados e incluso el Tribunal Supremo se han pronunciado y han vetado; concluyendo que sus repartidores operaban hasta ahora como falsos autónomos.
Ello ha tenido consecuencias económicas, más allá de reputacionales, para la compañía, pues operar con repartidores autónomos implicaba un menor coste para la empresa y una menor contribución a las arcas de la Seguridad Social. Lo que, a su vez, ha provocado que en las actuaciones de Inspección de Trabajo en las principales ciudades españolas, como Barcelona o Madrid, se le exigiera a la compañía pagos millonarios en concepto de cotizaciones atrasadas. Costes, por otro lado, que partidos como el PP o el PDECat -con propuestas diferentes- intentaron amnistiar, sin éxito.
El movimiento de Deliveroo llega dos semanas antes de la entrada en vigor de la nueva 'ley Rider', que forzaba a las plataformas digitales a adaptar sus modelos laborales. Una acción legislativa que ha acelerado una transición que parecía inevitable, dados las sentencias judiciales previas que ya forzaban a las compañías a renunciar a esos modelos organizativos. Aquí la receta que ha aplicado cada firma varía. Deliveroo se va, Glovo ha optado por un modelo mixto, con repartidores asalariados y otros autónomos; mientras UberEats está apostando por subcontratar en terceros las operaciones de reparto.
Deliveroo, contigo empezó todo
La historia de la compañía de las mochilas azul turquesa se ha visto impregnada por esa conflictividad laboral. Los 'riders' de Deliveroo fueron los primeros en organizar una huelga contra las condiciones laborales de la compañía; en el verano del 2017. En tanto que Deliveroo fue la primera de las plataformas que aterrizó en España, antes que Glovo o UberEats. De hecho, de esa huelga germina el movimiento sindical RidersXDerechos, motor de las protestas en el sector del 'delivery' y sin el cual no se entendería la mediatización y la elaboración de una 'ley Rider' que no ha contentado a dicho movimiento. Pues consideran que no hace más que reconocer una laboralidad que ya estaba plasmada en las sentencias y deja la puerta abierta a la subcontratación del servicio, como algunas firmas ya están practicando.
