El Gobierno de Aragón amortizará de manera anticipada 128 millones de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2019 para compensar el exceso de financiación del déficit que se produjo en 2020 y el superávit con que se cerró el ejercicio, cumpliendo con lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El Ejecutivo autonómico y el Ministerio de Hacienda han mantenido contactos desde este verano para pactar la amortización de la carga de deuda viva de manera anticipada.

El ajuste afecta a 128 millones, conformados por los 70 millones de sobrefinanciación del déficit que se dispusieron el año pasado y por los 58 de superávit de las cuentas de 2020, y posibilitará un ahorro de intereses en los próximos años superior a los 5 millones de euros, ha señalado el Gobierno de la región en una nota de prensa.

Los 128 millones amortizarán una parte del FLA de 2019, ya que es un contrato que permite reducir el capital pendiente sin incremento de costes. Además, entre las características del préstamo, suscrito en 2019 a través del compartimento del FLA por 1.293 millones, figura un interés fijo del 0,846 por ciento, que obliga a un mayor esfuerzo a las arcas aragonesas que otros préstamos formalizados por la Comunidad Autónoma.

De hecho, las negociaciones de la Hacienda aragonesa ya permitieron refinanciar 565 millones de este crédito el pasado mes de julio, reduciendo el principal adeudado a 728 millones.

Mayor financiación y buena gestión

Las explicaciones al exceso de financiación registrada en 2020, así como al cierre con superávit del pasado ejercicio, hay que buscarlas en varias circunstancias. De una parte, en el esfuerzo que ha realizado el Gobierno de España durante el primer año de la pandemia por el covid-19 que, a fuerza de asumir el peso de la deuda, ha dotado de recursos a las comunidades y les ha permitido hacer frente a las necesidades sanitarias y sociales provocadas por la crisis sanitaria.

Así, al margen de los fondos extraordinarios que se habilitaron frente al coronavirus, hay que destacar que durante la ejecución presupuestaria del ejercicio 2020 se otorgó a las Comunidades Autónomas de régimen común una tasa de referencia de déficit del 0,2 por ciento del PIB.

Este índice fue objeto de un acuerdo adicional por parte del Gobierno de España en octubre, habilitando un nuevo tramo del fondo de financiación para cubrir esas cantidades que los gobiernos autonómicos habían incluido en sus presupuestos antes de la pandemia, pero que no se habían distribuido trimestralmente, como es habitual.

Esta situación propició la recepción en Aragón de alrededor de 70 millones a través del Fondo de Facilidad Financiera que, finalmente, produjo una sobrefinanciación, al cerrarse el ejercicio con superávit.

Detrás de los buenos resultados del cierre de 2020 está también la adecuada gestión del presupuesto que ha realizado el Gobierno de Aragón, que ha sido capaz de contener el gasto en un escenario de múltiples necesidades. De hecho, Aragón fue la comunidad autónoma que mejor controló la tasa de crecimiento del gasto no financiero.

También ha destacado el Ejecutivo el comportamiento del PIB regional que, pese a la caída que padeció en 2020, fue capaz de resistir mejor que la media del país.

El cierre en positivo del pasado ejercicio, con un superávit de 58 millones, un 0,17 por ciento del PIB, se produjo por primera vez desde 2003, primer año de aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, y pone de manifiesto la mejora de la solvencia financiera de nuestra comunidad, favorecida por una financiación más amplia y acorde con las necesidades.

Solvencia

Asimismo, desde 2019, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha diferentes acciones para refinanciar la deuda a largo plazo, que han posibilitado reestructurar 3.600 millones y propiciar ahorros, que junto a los generados por la amortización anticipada del FLA de 2019, alcanzan los 105 millones.

Los buenos datos contables que se registraron en 2020, aplicada la contabilidad SEC, coexistieron sin embargo con la existencia de un déficit presupuestario de 156 millones, que evidencia la necesidad tanto de mayores recursos estructurales como de seguir realizando un esfuerzo mantenido en el tiempo para revisar y controlar las fuentes de gastos.