La vía para reducir la temporalidad sigue dividiendo a Gobierno, patronal y sindicatos

El Gobierno, la patronal y sindicatos han mantenido este miércoles la primera reunión para negociar la nueva reforma laboral, tras la crisis interna dentro la coalición sobre cómo concretar una de las piedras angulares en materia económica de la legislatura. "El debate [en el seno del Gobierno] está zanjado", ha dicho la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a primera hora de la mañana en los pasillos del Congreso. Pocas después a arrancado la reunión entre el Ejecutivo y los agentes sociales, de la que, no obstante, no han relucido grandes avances; según coinciden varias fuentes conocedoras del cónclave consultadas.

Las partes han operado sobre el último borrador que ya les había planteado el Ministerio de Trabajo antes de la crisis de Gobierno. Pues, de momento, de las citas internas de la coalición para engrasar la coordinación entre los diferentes ministerios no ha salido documento alguno. O al menos no se ha puesto encima de la mesa. "Esperamos un texto nuevo del Gobierno en los próximos días puesto que hoy no lo ha habido", apuntan fuentes de la CEOE. La sesión ha sido un monográfico sobre cómo rebajar la elevada temporalidad existente en España -cuestión que afecta a uno de cada cuatro asalariados- y sobre la que las partes no tienen todavía una postura clara.

Al cónclave han acudido por parte del Ejecutivo el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey (negociador habitual), y representantes de los ministerios de Economía y Seguridad Social; tras el cambio organizativo forzado por el presidente Pedro Sánchez para reforzar la presencia de los departamentos socialistas en la negociación. La reunión ha empezado pasadas las once y media de la mañana y ha concluido pasadas las tres de la tarde, sin grandes acuerdos cerrados durante la misma.

Cómo reformar el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, referente a la duración del contrato de trabajo, ha sido el punto único en la agenda de este miércoles. Una de las propuestas que más polémica generó en el ala socialista del Gobierno y rechazo por la parte patronal fue la de limitar la temporalidad al 15% de la plantilla. Es decir, que si una empresa tenía 100 trabajadores, no podía tener más de 15 con contrato eventual. "O el porcentaje inferior que, en su caso, establezca la negociación colectiva", añade el último borrador puesto encima de la mesa por los negociadores del Ministerio de Trabajo. Sobre dicho documento se ha discutido este miércoles, sin acabar de concretar si se conserva esa propuesta del 15% de temporalidad o si se introducen modificaciones sobre la misma, como si se rebaja o aumenta dicho porcentaje o si se introducen variables por sectores o tamaño de empresas, entre otros. "Eso se verá el próximo día", cuenta una fuente del diálogo social.

Este miércoles se ha focalizado más en las causas de la contratación. En el marco de esa reforma de la temporalidad, otra de las propuestas que ha estado discutiendo el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales ha sido la de limitar la duración y causa de los contratos eventuales. Estos no podrán superar el año de duración y solo podrán justificarse por picos anómalos de la actividad -aquí no cuenta la estacionalidad- o para cubrir vacaciones y bajas. Y contempla que, en caso de que la empresa hubiera registrado de manera fraudulenta dicho contrato, es decir, incumpliendo las causas objetivas, el contratado temporal pasaría automáticamente a fijo. Y si la firma le despide, dicho cese será considerado nulo; lo que implica que debería ser readmitido.

Esta última cuestión es especialmente relevante para los trabajadores, ya que los contratados temporales acumulan poca antigüedad, lo que se traduce en una escasa indemnización por despido. Y la nulidad obliga a la empresa a readmitirlo y no le deja escoger una indemnización por despido ligeramente superior a la cuantía que debería abonarle si extinguiera contrato por la vía ordinaria. Sobre estas cuestiones no se ha alcanzado todavía acuerdo definitivo y las partes seguirán negociando. El tiempo corre y todas estas cuestiones tienen que estar listas y cerradas -con o sin acuerdo de patronal y/o sindicatos- antes del 31 de diciembre, tal como comprometió el Gobierno en el componente 23 a la Unión Europea.