Los notarios rastrean negocios de 47.000 políticos en 3.000 empresas

España cuenta con un instrumento específicamente diseñado para luchar contra la corrupción de los políticos. Se creó hace cuatro años, cuando el Consejo General del Notariado constituyó una base de datos con la que identificar a personajes con responsabilidad política y personas con las que tienen negocios, y a la que pueden acceder directamente jueces, fiscales y las fuerzas de seguridad del estado para desarrollar sus investigaciones y su labor de prevención de prácticas ilegales.

El Consejo de Notarios, a través de su órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales (OCP), activó la base de datos en noviembre de 2017 y nació con algo más de 25.000 nombres (14.641 eran directamente políticos y cargos públicos y otros 10.544 se trataba de sus allegados). Desde entonces el registro casi ha duplicado su tamaño.

La base de datos, con la que se articula la especial vigilancia que la legislación obliga a tener sobre los cargos públicos para combatir la corrupción, cuenta actualmente con 47.000 personas identificadas, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de la organización notarial. Las múltiples elecciones generales, autonómicas y municipales celebradas en este tiempo han disparado la cifra de personas a vigilar y el rastreo cada vez más exhaustivo de sus negocios y relaciones empresariales también han hecho que crezca la base de datos.

Según los registros del Consejo General del Notariado, actualmente se vigila a 24.304 personas con responsabilidad política y a 22.634 allegados por sus negocios en 2.915 empresas. Se considera persona con responsabilidad política a todos los parlamentarios estatales, autonómicos o municipales, las altas instituciones del Estado (jefatura del Estado, fiscal general del Estado, el jefe del Estado Mayor…), miembros de los gobiernos central, regionales y locales (en municipios de más de 50.000 habitantes) y directivos de sociedades públicas. Y todos ellos siguen teniendo esa condición hasta dos años después de dejar el cargo.

Para luchar contra la figura de los testaferros, también se incluyen en la base de datos de los notarios los allegados de estos cargos públicos, considerándose como tal a aquellos que tienen una relación empresarial estrecha (los apoderados de sus empresas, personas que reciben más de una donación al año…).

La legislación obliga a las entidades y cuerpos que trabajan contra el blanqueo de capitales a hacer una vigilancia especial y específica a las personas físicas con responsabilidades políticas y a sus socios empresariales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, los fiscales y los jueces tienen acceso directo a la información de este registro sobre la identidad de las personas con responsabilidad política y las empresas que controlan directamente o a través de intermediarios.

Titulares reales

España cuenta con dos gigantescos centros de datos para identificar a los dueños reales más de 2,5 millones de empresas y organizaciones, aunque se utilicen sociedades pantalla o testaferros para ocultarla o enmascararla. El Consejo General del Notariado cuenta con una base de datos de titulares reales y el Colegio de Registradores también opera su Registro de Titularidades Reales.

Un doble instrumento a disposición de la Agencia Tributaria y de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el fraude fiscal realizado a través de entramados societarios de entidades supuestamente independientes. Se considera “titular real” de una empresa a personas o sociedades que gestionan una compañía o que de manera directa o indirecta tienen más de un 25% del capital o los derechos de voto.