La idea del Gobierno de cerrar la negociación de la reforma laboral a principios de diciembre, para poder aprobar la medida con tiempo antes del límite marcado por Bruselas -final de año- no se va a cumplir. Todas las partes tienen claro que el diálogo se va a prolongar hasta el último momento, y son varios los factores que empujan a ello: para empezar, nadie quiere ser visto como el primero que se levanta de la mesa y quedar como el culpable de que no haya pacto. Pero las razones de fondo son la dificultad de las materias a debate y una técnica negociadora tan farragosa y sobrecargada que ha ido acumulando retraso sobre retraso hasta hacer imposible una resolución en torno al Día de la Constitución.

Una ilustración de los problemas la da la última reunión, celebrada este viernes: empezó a las 9:30 de la mañana y se prolongó hasta el filo de las 14:00, según uno de los asistentes. El grueso del encuentro se dedicó, igual que el del miércoles, a los contratos formativos, "una materia que, siendo importante, no va a ser la que determine que una parte firme o no firme", asegura esta fuente, que lamenta la fórmula negociadora de "repasar cada tema artículo por artículo, párrafo a párrafo, en vez de hacer un examen global, que es lo que permite avanzar: yo cedo en esto, a cambio de esto otro. Con el método actual, sólo nos repetimos nuestro programa de máximos en cada punto concreto".

A ese problema se le suma el exceso de negociadores, según otro de los participantes en la mesa. La paz entre las vicepresidentas Calviño y Díaz en su disputa por el control de la negociación se selló a costa de incorporar a más interlocutores de otros ministerios además de Trabajo. Resultado: la delegación del Gobierno en la última mesa era de una decena de personas. "Es muy poco operativo; al final, entre ellos y los agentes sociales somos veinte personas, y las reuniones se convierten en una sucesión de monólogos". Una posible solución, utilizada con éxito en otras negociaciones como la de pensiones, es -apuntan- celebrar "encuentros bilaterales, más sigilosos" entre el Gobierno y cada uno de los interlocutores para ir desbrozando materias y dejar los temas preparados para la mesa general.

Otra reunión más

Así las cosas, se esperan novedades para estos últimos días de noviembre: la patronal, que lleva desde el verano sin aportar ningún documento a la mesa, se ha comprometido a tener lista una propuesta que -si está a tiempo- podría debatirse en una reunión especial, este martes; si no está lista para entonces, se vería en la reunión habitual de los miércoles. Fuentes de CEOE explican que el ambiente interno de la organización es tenso, porque "cada vez que vamos a la mesa nos quitan algo respecto a la normativa actual" (por ejemplo, en la última reunión la principal novedad fue un aumento de las sanciones por los contratos temporales irregulares).

Los esfuerzos negociadores de CEOE se centran ahora, explican, en una regulación de la temporalidad "que cubra las necesidades reales de las empresas, sobre todo las de sectores como hostelería y agricultura, ya que se va a suprimir el contrato por obra o servicio". Que la patronal firme al final, avanzan desde la organización, dependerá de los contenidos definitivos y de la contestación interna que generen: "si el coste es muy alto, podemos no apoyarlo, o no apoyarlo todo", dicen, abriendo la puerta a una fórmula no ensayada hasta ahora en ninguna de las grandes reformas: el "desacuerdo pactado", por el que hay entendimiento en la mayoría de las materias pero un punto en concreto impide el acuerdo, como sucedió con los reglamentos de igualdad.

Los sindicatos están más próximos a los documentos que ahora maneja el Gobierno; de hecho, mientras se celebraba la reunión de este viernes, uno de los negociadores habituales avanzaba en un acto público que las tradicionales 'líneas rojas' de las centrales están bien tratadas en los textos del Ejecutivo: "hay dos elementos fundamentales para que la UGT se incorpore a un acuerdo: la ultractividad de los convenios [su vigencia una vez caducados] y la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector; sólo esas dos cosas ya justifican una firma, aunque evidentemente habrá más", decía Mariano Hoya, Vicesecretario General de Política Sindical de UGT durante un acto de su sindicato en Extremadura.

Más allá de 2021

Si no hay avances extraordinarios en los próximos días, poco probables, las semanas siguientes hasta final de año se antojan muy justas para lograr un acuerdo, según fuentes sindicales y empresariales. Uno de los consultados avanza la posibilidad de que se pacte y apruebe un Real Decreto-Ley antes del 31 de diciembre, para salvar el plazo acordado con Bruselas, y que se termine de afinar el texto durante el mes de plazo que hay hasta su convalidación por el Congreso, y si es necesario seguir ajustando materias en su eventual tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley.

Otra posibilidad es directamente pasarse del plazo si el acuerdo se percibe cercano, pero -insiste uno de los negociadores- la Comisión Europea ha dejado muy claro que si se retrasa el cumplimiento, se retrasan los pagos de los Fondos europeos: 10.000 millones dependen de la aprobación de la reforma del mercado de trabajo, el último de los 52 hitos previstos para finales de 2021 que está pendiente. El propio Comisario europeo de Trabajo, que se ha reunido en Madrid en los últimos días con las vicepresidentas Calviño y Díaz, así como con el Ministro de Inclusión, también ha celebrado encuentros con los agentes sociales y les ha expresado el interés del Ejecutivo comunitario en una reforma que combata la temporalidad, preferiblemente con acuerdo, según explican desde el diálogo social.

Fuentes del Gobierno descartan superar el límite: "antes del 31 de diciembre, la reforma estará aprobada por el Consejo de Ministros, con o sin acuerdo". Eso sí, ya cuentan con que la negociación apurarán todos los días posibles "como sucedió en los erte o en la reforma de las pensiones", recuerdan.