Meliá y NH acudirán a la Justicia para reclamar al Estado 200 millones por los cierres de hoteles

Grandes hoteleras españolas maniobran para conseguir del Estado compensaciones millonarias por el golpe económico provocado por el parón forzoso de su actividad durante el primer estado de alarma de 2020. Tras un largo proceso administrativo en el que el Gobierno no ha atendido sus reclamaciones, Meliá y NH Hotel Group ultiman el siguiente paso y activarán la batalla legal en los tribunales para solicitar indemnizaciones por más de 200 millones de euros.

El Gobierno decretó en marzo de aquel año el cierre obligatorio de todos los hoteles del país para evitar que fuera un foco de propagación del covid, dando un plazo máximo de una semana a las cadenas para clausurar todos sus establecimientos. Sólo se salvaron unos 300 hoteles concretos que siguieron operativos para atender a trabajadores esenciales en sus desplazamientos ineludibles.

El Ministerio de Sanidad ordenó el cierre de los hoteles amparándose en el paraguas legislativo que le ofrecía el estado de alarma para decretar restricciones extraordinarias. El Tribunal Constitucional posteriormente ha declarado inconstitucional ese primer estado de alarma por no limitar derechos fundamentales, sino suspenderlos, en una ajustadísima decisión (la votación fue de seis magistrados frente a cinco).

Tanto Meliá como NH activaron la vía administrativa para exigir al Gobierno una compensación por el daño en sus cuentas del cierre total de los hoteles al inicio de la pandemia. Las cadenas presentaron hace meses sendas reclamaciones patrimoniales a la Administración, mediante las que Meliá reclamó 116 millones de euros y NH en torno a 100 millones.

Silencio administrativo

El Gobierno no ha dado respuesta a ninguna de las dos reclamaciones. En el caso de Meliá el plazo legal para recibir esa respuesta ya se ha agotado y en el de NH, a punto está de expirar también y aún sigue a la espera. El silencio administrativo en este tipo de reclamaciones patrimoniales se considera negativo; esto es, la falta de contestación implica que el Estado rechaza la petición. Agotada la vía administrativa, ambos grupos hoteleros pretenden llevar el caso a los tribunales con la presentación de un recurso por la vía contencioso-administrativa.

“Tomamos la decisión de reclamar a la Administración en un ejercicio de responsabilidad, por la diligencia debida para con nuestros accionistas y otros stakeholders, reclamación que entendemos sólidamente fundamentada”, explica Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Adoptamos las vías legales expeditas para circunstancias como la sucedida, que es la de la Reclamación Patrimonial a la Administración. Una vez desestimada por transcurso de plazo para valorar el silencio administrativo negativo, nos obliga a acudir a la vía contencioso-administrativa”.

Meliá cerró con unas pérdidas de 596 millones de euros en 2020 y entre enero y septiembre de 2021 (últimos datos oficiales hechos públicos) los números rojos fueron de 469 millones. “Nuestras pérdidas en 2020, más las que volveremos a presentar este año, representan una pérdida muy importante de valor que nos costará tiempo y esfuerzo poder recuperar”, subraya Escarrer.

Desde el grupo hotelero mallorquín se subraya que la reclamación de 116 millones se circunscribe al daño del primer estado de alarma sufrido por la matriz y los dueños de varios de los hoteles que gestiona, se anticipa que presentará el recurso contencioso-administrativo en las próximas semanas, y da por hecho la “antijuricidad e improcedencia” del golpe económico a la compañía por las restricciones aprobadas, más después de que el Tribunal Constitucional considerara inconstitucional el primer estado de alarma.

Desde NH Hotel Group, controlado por la tailandesa Minor, se apunta que en su caso la reclamación por la vía administrativa aún no ha agotado el plazo. Pero, a las puertas de que se concrete también el silencio administrativo del Gobierno, se advierte de que “continuará defendiendo el interés social la compañía en las instancias judiciales”, anticipando el salto a la vía contencioso-administrativa para reclamar una indemnización cuya cuantía la cadena no confirma, pero que fuentes del sector sitúan en el entorno de los 100 millones de euros.